Tolerar la extorsión

Supongan ustedes que quieren realizar unas reformas en su casa. Para ello contratan a unos albañiles y acuerdan un presupuesto. Cuando las obras están a la mitad, los albañiles exigen una cantidad adicional para seguir trabajando y completar el trabajo. Ustedes se niegan a satisfacer esa exigencia y buscan otros albañiles con pretensiones económicas más moderadas. Pero los albañiles en "huelga" se colocan a la puerta de su casa y amenazan con picos y palas a quien se atreva a aparecer por allí. Si ustedes no consiguen la protección de las autoridades tienen dos opciones: dejar la obra a medias o llegar a un "acuerdo" con los "huelguistas", donde ellos impondrán las condiciones.

El derecho de huelga así entendido no se diferencia en nada del chantaje y la extorsión. Por ello, es imprescindible que el empresario tenga la posibilidad de suplir a los trabajadores en huelga mientras la huelga continúe. Desde un punto de vista ético y práctico, la huelga tiene sentido cuando los trabajadores no tienen competidores potenciales y desean adecuar sus sueldos a esta circunstancia. En definitiva, la huelga no sería más que un medio de ajustar los salarios a las condiciones reales del mercado.

Sin embargo, cuando existe una abundancia de competidores es preciso emplear la violencia y la coacción contra ellos y el empresario para que la huelga tenga éxito. Y en tales circunstancias, la relación laboral se transforma en la relación que mantienen los extorsionadores con su víctima. No olvidemos que la legislación prohíbe el cierre patronal.

Por ello, la renuencia de las autoridades baleares a cortar de raíz los desmanes de los piquetes en la huelga del transporte, escudándose en la falta de efectivos policiales y en el miedo a la "tensión que se hubiera provocado", además de patética, es criminal.

Uno de los dogmas del progresismo beato es que las fuerzas del orden jamás deben emplear la violencia para defender la integridad física y la propiedad, sobre todo si se trata de empresarios o de simples ciudadanos que no desean plegarse a las imposiciones de los piquetes "informativos"; aunque parece ser que sí es legítimo emplearla si se trata de cobrar los impuestos, las multas y las ecotasas. Al parecer, las únicas misiones de las fuerzas del orden, además de garantizar la recaudación de impuestos y multas, son lucir el uniforme de gala en los desfiles y repartir alimentos a los refugiados. Pero la ley obliga a los ciudadanos a acatar el monopolio estatal de la violencia, y se supone que los impuestos que pagan sirven para sufragarlo. Por lógica, la primera misión de las autoridades es hacer valer ese monopolio frente a quienes pretenden disputárselo. Las mafias, desde luego, lo hacen, porque les va en ello su supervivencia. Las autoridades deberían hacerlo aún con mayor motivo, sobre todo si se trata de garantizar el orden público, única fuente de su legitimidad.

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