El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) acaba de realizar un ejercicio de sensatez al rechazar la propuesta de Bélgica y de la Comisión Europea para crear un impuesto con el que financiar las actividades de la UE. Y es que si hay algo de lo que en estos momentos está sobrada la Unión es de dinero en sus arcas puesto que los presupuestos comunitarios no llegan a ejecutarse al cien por cien.
De todas formas, a la hora de hablar de ese impuesto hay que plantearse varias cuestiones. En primer lugar, ¿necesita la UE más dinero? Los Estados miembros fueron muy claros al respecto en marzo de 1999, durante la Cumbre de Berlín en la que se pactaron las perspectivas financieras para el periodo 2000-2006. Nadie quería que las instituciones comunitarias asumieran ni más competencias ni más gastos, entre otras cosas porque nadie sabe en estos momentos hacia dónde va la construcción europea ni quiere plantearse esa cuestión. Por tanto, es absurdo plantearse la creación de un impuesto para financiar las actividades comunitarias cuando todo el mundo, menos la Comisión, se opone precisamente a que haya más acciones de esa índole.
La Comisión, por supuesto, no comparte esa opinión, pero sus miembros no han explicado qué es lo que quieren hacer con los ingresos que aportaría ese nuevo tributo a las arcas comunitarias. Por el contrario, los comisarios se limitan a señalar que sería más democrático que el Ejecutivo comunitario se financiara con sus propios tributos. El problema es que la Comisión no es un órgano democrático, elegido directamente por los ciudadanos o por el Parlamento Europeo, sino que sus miembros son nombrados a dedo en los Consejos Europeos mediante pactos entre los distintos Estados miembros. Entonces ¿por qué hay que dar a la Comisión un impuesto para financiar sus gastos y sus políticas? No hay ningún motivo para hacer tal cosa, y menos cuando la Comisión no tiene el grado de responsabilidad por sus actos frente al Parlamento Europeo que un Gobierno nacional ante el Parlamento de su país.
La UE, por otra parte, hoy cuenta con fuentes de financiación suficientes para lo que constituyen actualmente sus gastos y sus políticas. Tiene el 90 por ciento de los ingresos por aduanas de los Quince, una parte del IVA que recaudan los Estados miembros y las aportaciones que hacen cada uno de ellos en función de su PIB, es decir, del tamaño de su economía. Este sistema hasta ahora ha funcionado sin apenas problemas y no hay razón para cambiarlo así porque así. Como tampoco la hay para crear nuevos impuestos en unos momentos en los que todos los Estados miembros están llevando a cabo políticas de reducción de la presión fiscal para poder competir en un mundo globalizado, avanzar en la modernización de sus estructuras productivas y sus sociedades y crear empleo.
La propuesta de la Comisión, por tanto, carece de toda lógica, salvo la del interés del colegio de comisarios por asumir mayores cuotas de poder que nadie les quiere dar. Precisamente, la razón de haber nombrado a Romano Prodi como presidente de la Comisión Europea es que nadie desea un Ejecutivo comunitario fuerte y con capacidad de iniciativa, sino que sea un mero gestor de los asuntos de los Quince y punto, que es la mejor forma de funcionar con una Comisión arbitraria y no democrática. El rechazo del Ecofin al impuesto comunitario, en consecuencia, es tan lógico como sensato. Y es que antes de pensar en estas cosas hay que saber qué Europa queremos y democratizar sus instituciones. Todo lo demás, en estos momentos, carece de sentido.
La sensatez del rechazo
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