Si la publicación-filtración, la semana pasada, de los dos primeros tomos de la autobiografía de Pilar Giménez-Reyna empezó a arrojar bastante luz sobre la oscura trama de Gescartera, la comparecencia de David Vives, el ex director general de Supervisión de la CNMV, el miércoles por la mañana ante la comisión de investigación ha contribuido a dilucidar muchas más cosas.
Vives ha dejado patentes sus intentos porque la CNMV interviniera Gescartera. Por consiguiente, y en contra de lo que se venía diciendo, Supervisión sabía lo que pasaba y quería que se actuase en consecuencia, independientemente de que la Iglesia estuviera metida o no en Gescartera. Y la pregunta es inmediata: ¿por qué no se intervino?, ¿por qué no se actuó cuando la práctica habitual de la CNMV es hacerlo en cuanto se presenta un informe como el de Vives?
El propio David Vives dio también la respuesta: Pilar Valiente y Luis Ramallo lo impidieron. Esta acusación coincide con el contenido del dietario de Pilarín. Por tanto, es sensato pensar que esta es la verdadera versión de los acontecimientos. La cuestión a dilucidar ahora, en consecuencia, es la de las motivaciones de la ex presidenta de la CNMV para actuar como lo hizo --Ramallo se supone que se negó simplemente por llevarle la contraria al entonces presidente de la Comisión, Juan Fernández Armesto, con quien mantenía un enfrentamiento enconado--.
Precisamente, este es uno de los puntos centrales de la trama. Pilar Valiente desmintió una y otra vez muchas cosas y quiso aparecer como la persona que decidió intervenir Gescartera. Pero la verdad que se va descubriendo es que la dimitida presidenta de la Comisión ha podido tener una participación muy activa a la hora de ocultar la trama, aunque todavía se desconocen los motivos por lo que lo hizo. Eso es algo que hay que averiguar.
Ahora también es el momento de empezar a hacer valoraciones. Con las declaraciones de Vives y el diario de Pilarín, no resulta descabellado pensar que la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, llame en cualquier momento como imputada a Pilar Valiente, quien, desde luego, tiene mucho que decir. Su comparecencia el jueves en el Congreso promete con estos preeliminares. Lo malo de todo esto es que está cada vez más claro que la CNMV ha tenido una responsabilidad ineludible en todo el asunto de Gescartera. Y eso deriva en otras dos responsabilidades, una pecuniaria puesto que el Estado es posible que tenga que ser responsable civil subsidiario y aportar el dinero que falta de esos 18.000 millones de pesetas legales invertidos en la agencia de Camacho, y otra política que apunta directamente no a Cristóbal Montoro sino a Rodrigo Rato. Y esa es la que, por ahora, no se asume.
La verdad aflora
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