Pocos días después de saberse que el ya ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, podía estar relacionado con el caso Gescartera, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, encargó sendos informes internos para tratar de dilucidar si por parte de su departamento o de la Agencia Tributaria se había producido alguna irregularidad o actuación extraña relacionada con el caso. Las conclusiones de esos informes todavía no se conocen, excepto lo que dijo Montoro en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos: que no se había detectado irregularidad alguna y que cualquier cosa que se averiguase relacionada con el caso se trasladaría inmediatamente a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios. El tiempo dirá si Montoro tiene o no razón.
Mientras tanto, hay otro informe que, en estos momentos parece más necesario que nunca: el que debería hacer el Ministerio de Economía sobre el papel de la CNMV y de su propio departamento en este asunto. Y es necesario por varios motivos. En primer lugar, en cuanto empezó a haber indicios de lo que ahora está saliendo a la luz, el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, dijo que había pedido a la Comisión un informe sobre esta cuestión. El documento remitido por Pilar Valiente dejaba claro, sobre el papel, que la actuación del organismo en este caso había sido impecable y no había nada que investigar. Ahora sabemos que no es así, sobre todo a partir de la difusión de la agenda de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, de las declaraciones de unos y otros ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados y de la documentación presentada ante la misma.
En estas circunstancias, lo lógico es que Rato hubiera encargado inmediatamente una nueva investigación para aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades. De momento, no lo ha hecho, o al menos no se sabe si ha tomado esta decisión, aunque lo probable es que si lo hubiera hecho, lo habría anunciado convenientemente. Y no se trata de una cuestión baladí, puesto que la CNMV es un órgano esencial para el buen funcionamiento de los mercados financieros y para que los ahorradores mantengan la confianza en los mismos. ¿Por qué no se ha pedido ese segundo informe?
A Rato le hubiera sido muy útil haberlo encargado porque le hubiera permitido recuperar la iniciativa en todo este asunto, disipar sospechas y reducir las responsabilidades políticas que puedan derivarse de lo que averigüen la juez Teresa Palacios y la Comisión de Investigación. Ahora puede que sea tarde para rectificar; de haberlo hecho en su momento, el primer beneficiado hubiera sido el propio Rato, y el segundo, la salud del sistema de supervisión de los mercados financieros, con todo lo que ello implica
Un informe necesario
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