Aunque la encuesta del CIS parece arrojar un balance muy favorable para el Gobierno que ha salido indemne del Caso Gescartera y aunque el deterioro de las figuras de Rato y Montoro parece limitar al mínimo el desgaste por el mayor escándalo financiero del Gobierno Aznar, ayer comenzó una segunda fase no por esperada menos grave en la Audiencia Nacional. Los rumores sobre un posible abandono del caso por parte de la juez Palacios han quedado en sustitución por razones de salud y en la implicación directa del HSBC por parte del juez del Olmo, que la ha sustituido. Con el embargo de las famosas 138 cuentas "cifradas" comienza lo que podría desembocar en un episodio político y fiscal muy grave, que afectaría directamente al Ministerio de Hacienda y al Banco de España.
Fue el propio Gobernador del Banco, Jaime Caruana, el que buscando probablemente lavar su responsabilidad llamó la atención sobre esas cuentas "fiscalmente opacas", precisando que no podía hacer nada para averiguar sus verdaderos titulares. La Oposición dijo que eso equivalía a confesar la existencia de un mecanismo de lavado de dinero en el centro de Madrid, tolerado por las autoridades. Durante dos días hubo declaraciones contradictorias por parte de Rato, Folgado y el propio Caruana hasta que se anunció la apertura de una investigación oficial directa.
Pero lo que podría ser un trámite puramente formal toma otro cariz con la llamada a Galobart y Pastor, los dos máximos responsables del HSBC, especialmente porque, según todos los datos disponibles, Pastor y Agustín Fernández (el "sobrinísimo" de Polanco), grandes ausentes de la Comisión Parlamentaria, parecen haber sido, no sólo colaboradores, sino cerebros de la salida de capitales de España a través de Gescartera. Esperemos que los tribunales de Justicia sean menos torpes que los parlamentarios. Y, sobre todo, que se aclare algo que, por afectar de nuevo al banco de Gescartera el del crédito a Muinmo, de los hermanos Rato mantendrá vivo el escándalo. Ya lo hubiera sido que desapareciera de escena la jueza. Afortunadamente, los fiscales mantienen vivo un caso que sigue sin aclararse. Peor aún: que tras pasar por el parlamento está más oscuro que antes.
Gescartera continúa en los tribunales
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