Después de la celebración de las últimas elecciones europeas, en junio de 1999, los eurodiputados españoles del PP asumimos como primera prioridad contribuir a construir medidas de ámbito comunitario para afrontar la mayor preocupación de los españoles: la lucha contra el terrorismo. Y ello, de la mano de los eurodiputados del PSOE, ya que estoy convencido de que la prioridad era compartida, y además el éxito de la operación era directamente proporcional al margen del consenso que pudieramos generar en la Eurocámara.Cuando estamos cumpliendo la mitad de la Legislatura, creo que todos podemos concluir en que hay motivos para estar razonablemente satisfechos del trabajo realizado.
En efecto, la pasada semana, el Parlamento Europeo aprobó por amplísima mayoría dos propuestas de la Comisión que incluyen, entre otras aportaciones, las siguientes:
1. Una definición común en todo el ámbito europeo del delito de terrorismo; para subrayar su importancia baste decir que hasta el momento presente, 9 de los 15 Estados miembros de la UE no inlcuyen en sus ordenamientos jurídicos un tratamiento específico del terrorismo. Además, hay que valorar la incorporación de la violencia callejera (la “Kale borroka” del País Vasco) como una manifestación más de terrorismo.
2. La Orden Europea de Detención y Entrega; figura jurídica que sustituye a los procelosos procesos de extradición dentro de la Unión Europea, y que políticos y técnicos expertos en la materia consideran elemento esencial para vencer al terrorismo.
3. El Parlamento Europeo ha introducido una serie de enmiendas que constituyen un impulso político pero también una propuesta de marco legal para congelar los fondos en el territorio comunitario a aquellas organizaciones o individuos que promueven, instigan, colaboran o son cómplices del terrorismo, es decir, su entorno.
El dictámen consulta del Parlamento Europeo es preceptivo pero no vinculante para los gobiernos de los Estados miembros, cuyos ministros de justicia e interior se reúnen los próximos días 6 y 7 de diciembre para tomar una decisión definitiva. Si de esa reunión quedaran flecos sin resolver, el Primer Ministro belga y Presidente en ejercicio de la Unión, Guy Verhofstadt, se ha comprometido ante el Parlamento Europeo a trasladarlos al más alto ámbito de decisión política, es decir, al Consejo Europeo de Laeken, reunión de Jefes de Estado y Gobierno.
Pero por si algún gobierno tuviera la tentación de dilatar o bloquear la decisión, el Parlamento Europeo ha instado a que en tal caso se aplique el artículo 40 del Tratado de la Unión Europea, que prevé la cooperación reforzada, es decir, la posibilidad de dejar al margen a aquel o aquellos Estados miembros que decidieran no acompañar al proceso de integración en un ámbito determinado, y yo francamente no puedo concebir que ningún gobierno de la Unión Europea esté en condiciones de asumir la responsabilidad de convertir a su país en una especie de “isla virgen” en la lucha contra el terrorismo.
Que duda cabe que los acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York han significado una aceleración en el cumplimiento de los compromisos que los gobiernos de la Unión Europea adquirieron en Tampere para desarrollar el denominado “Tercer Pilar”, es decir, el espacio de justicia, seguridad y libertad. Pero no es menos cierto que ya en septiembre de 2000, la inmensa mayoría de los eurodiputados estamparon su firma en una resolución reclamando las medidas que hemos adoptado esta semana. Y que el 5 de septiembre pasado, el Parlamento Europeo aprobó un informe de propia iniciativa reclamando a la Comisión la propuesta formal que se nos ha sometido.
Hay que afirmar con mucha claridad que ninguna de las iniciativas aprobadas supone la más mínima quiebra a las libertades civiles que los europeos nos tenemos dadas. Mas bien al contrario, estamos poniendo a disposición de las administraciones de justicia de los Estados miembros instrumentos que hagan más eficaz la garantía de la libertad de todos.
Si en España hemos padecido durante muchos años la libre circulación de los delincuentes procedentes de otros países europeos, esta semana el Parlamento Europeo ha abierto las puertas a la libre circulación de la Justicia en Europa.
Gerardo Galeote es Portavoz del Grupo Popular Europeo
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