Desde los tiempos de Mecenas, protector de Virgilio y Horacio, se entendía por fundación una institución benéfica que se dedicaba, en términos generales, a promover alguna faceta del interés general, como por ejemplo, ayudar a personas con dificultades financieras para desarrollar su talento creativo o artístico y cuyas creaciones pudieran ser susceptibles de elevar el nivel cultural, espiritual, científico o material de sus conciudadanos. También entraban dentro del concepto de fundación las instituciones dedicadas a la educación de quienes no disponían de suficientes recursos económicos, al cuidado de los enfermos o de los desvalidos, y, en general, a hacer la vida un poco menos difícil a aquellos a quienes la vida no se lo ponía demasiado fácil.
Llamar fundación a la iniciativa de Eduardo Serra —cuyo currículo de intereses y actividades públicas y privadas se elabora más fácilmente por exclusión que por enumeración— sería lo mismo que llamar cándido a Maquiavelo o filántropo al dickensiano Scrooge. Una institución cuyo objetivo es crear un “lobby” de política exterior del que las empresas que contribuyan generosa y “altruistamente” obtendrán interesantes “retornos” en forma de acceso a informes reservados vedados a sus competidores o cenas, entrevistas y almuerzos con todo personaje influyente que provenga del exterior (o del interior), ciertamente no puede llamarse fundación. El propio Serra califica al “invento” de el “Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos” de “lobby” con todo desenfado, ya que, según él “...en Estados Unidos las labores de lobby forman parte de la cultura política”.
Ya de por sí es perverso considerar como parte de la cultura política la creación de grupos de presión cuyo objetivo es “puentear” la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas, además de perforar sus bolsillos. Pero el colmo de la esquizofrenia es que esta nueva institución —a mitad de camino entre el despacho de Juan Guerra y la corte de los milagros— nace con el beneplácito de la Corona, el “glamour” de los tres ex presidentes del Gobierno, el apoyo directo del Gobierno a través de los ministerios de Economía, Defensa, Educación, Cultura y Deporte y Asuntos exteriores (por todos anduvo Serra) y la financiación del contribuyente (160 millones de pesetas). Es decir, quienes se deberían oponer a las influencias o a las presiones ajenas al juego político de las urnas, son los que apoyan y dan aliento a este tipo de iniciativas.
Es forzoso preguntarse si esta fundación sustituirá las agregadurías comerciales, culturales y militares de las embajadas y consulados españoles en el mundo, si estos organismos recibirán instrucciones basadas en los “Estudios Internacionales y Estratégicos” de Serra —de acuerdo con los intereses de los financiantes o del propio Serra—, o, simplemente, será una forma más de sacar unos “durillos” al contribuyente y a las grandes empresas para financiar el retiro de ilustres políticos y “creadores de opinión” a quienes la política ya retiró, retirará en el futuro próximo, o debería haber retirado ya. Cualquiera de las alternativas es muy poco halagüeña.
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