Con más de un año de retraso, el Gobierno acaba de publicar las órdenes ministeriales que establecen el sistema de tarifas y peajes del gas natural. Dichas órdenes constituyen el punto final del nuevo entramado institucional para la liberalización plena del sector, que entrará en vigor el 1 de enero de 2003 cuando todos los consumidores puedan elegir libremente proveedor, posibilidad que hasta ahora está limitada a los grandes consumidores y que deja fuera a los pequeños y a los hogares.
Las órdenes tienen puntos favorables y aspectos negativos. Por el lado positivo hay que decir que, al establecer definitivamente el marco tarifario y de peajes, con reglas claras y explícitas, acaban con la incertidumbre que rodeaba al sector y reducen el riesgo regulatorio que pesaba sobre el mismo y sobre las empresas eléctricas que han apostado por las centrales de gas para producir energía. Además, a partir de esas órdenes, se puede valorar adecuadamente Enagás, la compañía propietaria de la red de gaseoductos cien por cien propiedad de Gas Natural, con el fin de proceder a la venta del 65% del capital de la misma para abrir el mercado del gas a terceros. Y las normas establecidas por el Ministerio de Economía son más bien generosas a la hora de garantizar ingresos, lo que eleva el valor tanto de Enagás como de Gas Natural. El mercado ha acogido muy bien estas decisiones y, de hecho, en un día como el lunes en el que el Ibex-35 perdió el 1,11% y veinticinco de las treinta y cinco compañías que componen el índice selectivo del mercado español cerraron en números rojos, Gas Natural subió el 0,49% e Iberdrola, que apuesta decididamente por las centrales de ciclo combinado, ganó el 1,13%. No obstante, en esta última subida puede haber influido también el informe favorable sobre la compañía que acaba de publicar UBS Warburg.
Por el lado negativo hay que decir que el Gobierno, en vez de liberalizar los precios, ha mantenido el sistema de tarifas cuando un informe de la Comisión Nacional de la Energía recomendaba la liberalización porque supondría, según cálculos de la propia CNE, que las tarifas bajasen hasta un 18%. Pero Economía no ha querido correr riesgos hasta ver cómo funciona la competencia y ha decidido seguir con los precios administrados para evitar que pase lo mismo que sucedió cuando liberalizó las gasolinas, en donde la falta de competencia disparó los precios y obligó a intervenir a las autoridades de Defensa de la Competencia.
Otro problema es el de los peajes. Las eléctricas se quejan de que son altos y de que se ha querido primar a Gas Natural-Enagás en detrimento del sector, muy castigado por las rebajas de tarifas y que necesita ampliar los márgenes empresariales para acometer las nuevas inversiones que hacen falta para garantizar el suministro de electricidad. Aquí Economía se ha decantado por garantizar una serie de ingresos, cuando podría haber conseguido lo mismo con menores tarifas que aumentaran el consumo de gas y, por tanto, el tráfico en los gaseoductos, lo que hubiera proporcionado más ingresos. Pero el Ministerio tampoco ha querido correr riesgos y, se dice, favorecer a un Repsol, propietario del 40% de Gas Natural, que necesita recomponer su balance para afrontar las consecuencias de la crisis argentina y el impuesto sobre las exportaciones de hidrocarburos aprobado por el Gobierno de Eduardo Duhalde.
Por tanto, el balance de las órdenes ministeriales es una de cal y otra de arena. Aclaran el panorama y reducen el riesgo regulatorio pero mantienen un sistema de precios intervenido que puede disuadir la entrada en el mercado de nuevos competidores.
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