Después de tantos años de claudicación ante la cansina cantinela victimista de los nacionalistas vascos —que últimamente había alcanzado tintes de abierta sedición contra las instituciones del estado de derecho—, el Gobierno se ha apuntado un importante tanto al no ceder ante las veleidades soberanistas de Ibarretxe en Europa.
Dos meses ejerciendo el “gamberrismo” institucional sin ningún resultado han bastado para que Ibarretxe se diera cuenta de que era mejor tener un Concierto para toda la Comunidad vasca —sobre el que él tendrá control directo— que dejar que las diputaciones forales negociaran cada una el suyo. Ni los españoles ni el Gobierno tenían ya nada que perder. Ya no es necesario buscar que los nacionalistas “se sientan cómodos” para evitar que se radicalicen. Después de Estella y del incumplimiento de las promesas electorales del PNV acerca de la persecución de los terroristas como su prioridad máxima; después de la constante caza de brujas contra los “desafectos” al régimen y vista la firme voluntad de los dos principales partidos de la democracia española de no negociar ni contemporizar con quienes apoyen o toleren el terrorismo ni emplear la lucha contra el terrorismo como arma electoral, a Ibarretxe no le ha quedado más remedio que retroceder.
El texto aprobado es, en la práctica, el mismo que el de diciembre pasado: 181.000 millones de pesetas (unos 1.088 millones de euros) deberá abonar la Hacienda vasca al Fisco nacional, y la delegación vasca ha suprimido la exigencia de representación directa en Europa. Muy mal podría haber explicado Ibarretxe a sus conciudadanos y votantes que la definición del modelo económico vasco y la seguridad jurídica en el orden fiscal (vitales para el normal desenvolvimiento de la economía vasca), así como la oportunidad de gestionar directamente la política económica y fiscal de la región, dependían exclusivamente de un capricho suyo y de Arzalluz, cuyas prioridades no son tanto garantizar la libertad, la seguridad el progreso y el bienestar de todos los vascos, sino más bien llevar a término su particular utopía homogeneizadora y protototalitaria que la mayoría de los vascos no desea ni comparte.
La peor forma de enfrentarse a quienes cifran su felicidad personal en la consecución de una utopía es darles esperanzas de que podrán llevarla a cabo algún día. La más sensata es demostrarles con hechos que, por mucho que se empeñen, sus proyectos son irrealizables.
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