Un ataque a las raíces

¿Basta el crecimiento económico por sí solo para acabar con el paro? Depende. El desempleo puede ser de dos tipos, no necesariamente excluyentes entre sí. El primero de ellos es el coyuntural, esto es, aquel que se produce cuando la economía se desacelera o entra en crisis y que, por tanto, se corrige a medida que la actividad productiva va recobrando el pulso. El segundo es el estructural, esto es, el que se produce como consecuencia de razones institucionales y de rigideces del mercado de trabajo y que por mucho que crezca la economía no se reduce. El caso español se encuadra perfectamente en este último tipo.

No se puede decir que en España la causa del paro es la debilidad del crecimiento económico cuando va camino del séptimo año de expansión con tasas superiores al 2%. Por tanto, lo que explica que el desempleo afecte al 12,8% de la población activa son razones estructurales. Otra prueba de ello es que mientras la tasa de paro del cabeza de familia es tan solo del 6,5%, la del cónyuge es del 15,2% y la de los hijos del 20%. Además, casi la mitad de los desempleados llevan más de un año en esa situación. Y, por último, del total de parados, solo el 54% aceptaría un trabajo con categoría inferior a la esperada y nada más que un 22,4% lo haría si implica cambio de residencia. Estos son los perfiles del problema en un país donde hay regiones con pleno empleo que necesitan inmigrantes para cubrir las vacantes mientras en otras, como Andalucía o Extremadura, las dos regiones que disfrutan del PER, la tasa de paro duplica a la media nacional.

Para combatir el problema, por tanto, hacen falta medidas estructurales. Eso es lo que pretende el Gobierno con la reforma del subsidio de desempleo que acaba de presentar a los agentes sociales. Una reforma valiente, porque empieza a romper tabúes y a tocar mitos como el del PER, al que ningún otro Gobierno hasta ahora se había atrevido a meterle mano, pero también una reforma que no va todo lo lejos que podría y debería.

Una de las medidas más acertadas es la de retirar las prestaciones por desempleo a los parados que no acepten un puesto de trabajo “adecuado” y definir qué se entiende por tal, porque la situación actual lo único que hace es enquistar el problema. La pega que hay que poner en este caso es la obligación de aceptar la oferta si el trabajo está a menos de 50 kilómetros del lugar de residencia del parado, porque puede dar lugar a situaciones de rechazo de un puesto dentro de la misma provincia y porque sigue consolidando la falta de movilidad geográfica. Pero, por lo menos, empieza a poner fin a la situación de rechazar sistemáticamente ofertas mientras se vive del subsidio.

Igual de acertado es no permitir que se incorporen nuevas personas al PER, el subsidio especial agrario de que disfrutan Andalucía y Extremadura, dos regiones, sobre todo la primera, en donde tienen que contratar a inmigrantes para muchos trabajos mientras las tasas de paro superan el 20%. Pero en esta reforma habría que haber ido más allá y empezar a suprimir el PER con más velocidad de lo que pretende el Gobierno, aunque probablemente aquí le ha faltado valor político para hacerlo y ha sacado la calculadora de votos para valorar hasta dónde podía ir y, a la vez, seguir aspirando a derrotar al PSOE en las autonómicas.

La otra gran medida es la supresión del salario de tramitación en caso de despido, una necesidad porque suponía un coste innecesario para la empresa. Es lógico que se mantenga, como hace el proyecto del Gobierno, si Magistratura del Trabajo falla la readmisión del trabajador, pero no lo es en los demás casos.

En conjunto, por tanto, se trata de una reforma acertada y valiente, que marcha en la buena dirección porque ataca a parte de las raíces del paro estructural, incluido el femenino con las medidas para favorecer la contratación de mujeres, pero que podría haber sido más profunda de lo que es. Veremos si ahora el Gobierno no empieza a dar marcha atrás ante las protestas sindicales que se avecinan.

• Compartir
• Tuitear
• Enviar
• Enviar