Huelga recalcar que la principal razón del fracaso de la izquierda en las elecciones presidenciales francesas ha sido su tratamiento clásico de la inmigración y la delincuencia, que consiste en tildar de xenófobo y filonazi a cualquiera que pretenda analizar la problemática de la relación entre estos fenómenos desde una perspectiva mínimamente objetiva y racional.
No es de recibo, por un lado, ponerse a la cabeza de las manifestaciones que exigen la estricta igualdad de derechos de los inmigrantes ilegales en relación con los ciudadanos españoles, y después quejarse del crecimiento exponencial de la delincuencia —en el que el Código Penal de Belloch tiene no poca responsabilidad— y achacarlo a la “nefasta política de la Policía Nacional”, como ha hecho el miércoles Rodríguez Zapatero en la sesión de control al Gobierno. Poco tiene que ver que el Gobierno dialogue mucho o poco con los sindicatos policiales, o que los policías, supuestamente y según Zapatero, estén desmotivados por la “preocupante utilización política de la institución policial”. Se trata de un problema completamente distinto.
La realidad es que el 89% de los presos preventivos en el último trimestre —tal y como replicó Aznar— son inmigrantes, y seguir ocultando este grave problema por imperativos de la “corrección política” o por las exigencias demagógicas que impone la menesterosidad política —tanto en el terreno de las ideas como en el de las propuestas políticas— del PSOE, es una actitud temeraria, tal y como ha demostrado la experiencia francesa.
Aunque parezca de pero grullo, para resolver un problema, antes es preciso identificarlo y reconocer su existencia. Los inmigrantes ilegales, ante la dificultad de encontrar empleo por su propia situación ilegal o por su falta de cualificación —sin contar los casos, abundantes, en que su propósito no es encontrar trabajo sino delinquir— suelen acabar en la marginalidad y la delincuencia.
De nada sirve quejarse de que los “sin papeles” no son devueltos a sus países de origen, como ha hecho el PSOE a través de su secretaria federal de Políticas Sociales y Migratorias, para, a renglón seguido, criticar al Gobierno que asocie inmigración con delincuencia, advirtiendo de que aún estamos a tiempo de evitar los brotes de xenofobia y racismo que se han producido en Francia.
En esta materia, no es posible jugar con dos barajas. O se propone una reforma de la Ley de Extranjería que permita tomar medidas sancionadoras contra los inmigrantes ilegales que impidan su repatriación destruyendo sus documentos o cometiendo delitos menores por los que no es preciso ingresar en prisión —algo a lo que la rancia progresía del PSOE le exigiría oponerse frontalmente— o bien no hay base racional sobre la que discutir.
De nada serviría incrementar las dotaciones policiales si no se dispone de una legislación adecuada; y esta sería, precisamente, la labor propia de una oposición constructiva: proponer legislación y medidas adecuadas. Pero parece que los prejuicios del PSOE en esta materia —como le sucede a la “izquierda plural francesa”— son a prueba de cualquier análisis racional.
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