Premeditación

Dos no discuten si uno no quiere, pero tampoco dialogan si uno se niega. Es lo que pasa con la reforma del desempleo que el Gobierno quiere sacar adelante. El Ejecutivo ha tendido la mano a los sindicatos para buscar un acuerdo, pero la postura de las centrales es la de rechazar el proyecto de plano y convocar una huelga general si el Gabinete no lo retira. Lo de menos es el contenido del plan; lo que le importa realmente a los sindicatos y al PSOE, que apoya el paro, es que creen que han encontrado el instrumento adecuado para desgastar al Gobierno, en vista de que la oposición parlamentaria no existe. Pero la realidad es que no hay motivos para una actitud tan drástica contra los planes gubernamentales.

La base del proyecto del Gobierno está formada por tres puntos. El primero de ellos es la supresión del salario de tramitación en casos de despido, de forma que el trabajador afectado perciba desde el primer día las prestaciones por desempleo y sólo cobre el salario de tramitación en caso de que los juzgados de lo social fallen a favor de la readmisión del despedido si éste demanda a la empresa. Con ello, el Ejecutivo pretende que las compañías no tengan que asumir esta carga, reducir sus costes de despido y, de esta forma, favorecer las contrataciones. Pero el trabajador no queda desprotegido. Sin embargo, los sindicatos han puesto el grito en el cielo en cuanto se les ha planteado la cuestión.

El segundo punto consiste en la pérdida de las prestaciones por desempleo para aquel parado que no acepte una oferta de empleo adecuada a menos de cincuenta kilómetros de su casa, una distancia hasta el puesto de trabajo que no supone mucho esfuerzo económico y de tiempo por parte del trabajador. Esta medida persigue que la gente no permanezca muchas semanas en paro porque cuanto más tiempo pase, más difícil es encontrar trabajo, como prueba el hecho de que el 40% de los inscritos en el Inem llevan más de un año en esta situación. Sin embargo, los sindicatos no ven esto y hablan de que si se tienen que llevar el bocadillo o que si les va a suponer tanto o cuanto esfuerzo ir y venir del lugar de trabajo, y añaden que lo que pretende el Gobierno vulnera el derecho a la percepción de las prestaciones. Pero, en este último punto, la verdad es que ese derecho existe para todo aquel que se queda sin trabajo pero no abarca el que el parado quiera permanecer en esa situación hasta que encuentre algo que realmente le guste o hasta que se le agoten las prestaciones porque, no lo olvidemos, esos subsidios salen de los bolsillos de todos. Una cosa es la solidaridad y otra la forma en la que se abusa de ella, con las consecuencias antes expuestas, y de lo que se trata es de acabar con lo segundo, no con lo primero.

El último punto de discordia es la prohibición de que se incorporen al subsidio agrario –el PER, para que nos entendamos– quienes antes no hayan estado en él. El PER sólo lo disfrutan Andalucía y Extremadura, curiosamente las dos autonomías con mayores tasas de paro, que duplican incluso la media nacional, y que, en cambio, tienen que contratar a muchos inmigrantes para realizar labores en el sector agrario mientras los andaluces y extremeños se quedan en su casa cobrando el PER y, por supuesto, no se les puede decir una sola palabra de irse a trabajar a otra comunidad autónoma en donde hay pleno empleo y necesitan mano de obra. El Gobierno no les va a quitar este privilegio, sólo dice que no se incorpore nadie más a él. Pero los sindicatos entienden algo tan lógico como un recorte de las prestaciones sociales.

Razones para la huelga, por tanto, no las hay, excepto en el plano político. Y como tanto los sindicatos como los socialistas lo saben, y son también plenamente conscientes de que con una situación de bonanza económica como la actual prácticamente nadie les va a secundar en sus intenciones de huelga, ahora se dedican a decir que la economía española está inmersa en una grave crisis, con el fin de preparar el ambiente para la huelga, cuando no se puede decir eso de una economía que crece a un ritmo del 2% que está empezando a acelerarse. Esta es la realidad. Por eso, los sindicatos no quieren sentarse con el Gobierno en la mesa de negociaciones para hablar de la reforma del desempleo.

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