Todos los españoles de bien no pueden menos que sentir una profunda satisfacción por el auto en que el juez Garzón, a solicitud del fiscal Enrique Molina, declara responsable civil solidaria a Batasuna por los destrozos que causan los “cachorros” de Eta, a las órdenes directas de Otegi, en los episodios de la llamada “kale borroka”.
Batasuna deberá abonar 24 millones de euros (4.000 millones de pesetas) si quiere evitar el embargo de sus bienes, incluidas sus sedes –desde las que se organizan los disturbios y se paga a los “chicos de la gasolina”– y las subvenciones que recibe del Gobierno vasco, su principal valedor. El auto de Garzón supone –como el propio “ex etarra” Otegi ha reconocido– la asfixia financiera de Batasuna y, por tanto, su neutralización de hecho.
Los dirigentes de Eta habían diseñado una estrategia para tomar la calle apoyándose en la captación de jóvenes y adolescentes desarraigados. A cambio de sentirse integrados en un grupo y de algún dinero para sus gastos, se dejaban lavar el cerebro para convertirse en una especie de SA encargada de sembrar el miedo y la inseguridad en las calles de las ciudades vascas; ya fuera quemando autobuses, destrozando mobiliario urbano, integrando contramanifestaciones, escribiendo pintadas intimidatorias contra políticos y empresarios, lanzando cócteles molotov contra las viviendas de los ciudadanos desafectos a la “cruzada” nacionalista, insultando y amenazando a los concejales del PP y del PSE o incluso cobrando la extorsión a los empresarios; todo ello bajo la coordinación de Batasuna. Una “excelente” cantera para las filas de la organización matriz –Eta–, que después integra en sus cuadros a los más destacados en la “kale borroka”, como pone de manifiesto la nueva lista de terroristas más buscados hecha pública por el Ministerio del Interior: siete liberados procedentes de la violencia callejera.
Las escasas veces que la policía autónoma vasca conseguía detener y la justicia inculpar a los “chicos de la gasolina”, éstos eran insolventes para hacer frente a la indemnización por los daños que habían causado. Todo se resolvía con una corta condena, o bien con una huida a Francia para evitar el encarcelamiento: y... vuelta a empezar en la más absoluta impunidad.
El auto de Garzón ha venido a desmontar la falacia jurídica en que se apoyaban los dirigentes de Batasuna: las organizaciones no delinquen, sólo las personas. Si bien es cierto que los delitos sólo pueden cometerlos personas, no es menos cierto –como señala el juez en el auto– que la organización que presta los medios, la infraestructura y la labor de coordinación para cometer delitos ha de responder con su patrimonio de todos los daños que haya hecho posible su colaboración. Y lo que es más importante: esta doctrina no sólo tiene aplicación en el caso de la violencia callejera, también abre el camino a la responsabilidad solidaria de Batasuna por los atentados, secuestros y extorsiones de Eta, su matriz.
Aunque con mucho retraso –más de veinte años– el sentido común y la firmeza en la aplicación de la ley no han podido venir en mejor momento. La creciente desmoralización de los constitucionalistas ante el acoso impune de los batasunos, la calculada indiferencia del PNV y el prurito garantista de algunos jueces “progresistas” habían llevado a un sector importante de la política vasca a replantearse seriamente si merecía la pena continuar en la lucha por las libertades. El embargo a Batasuna es una satisfacción moral y un rayo de esperanza para todos aquellos que, cada mañana, deben mirar los bajos de sus coches y cada tarde tienen que consultar a sus escoltas en qué bar podrán tomarse su café sin correr excesivos riesgos.
El poder político y el poder judicial, ante el clamor de la ciudadanía por la exquisita impunidad de la que han disfrutado los batasunos en sus desmanes, han empezado a actuar con contundencia: una vez aprobada la nueva Ley de Partidos, concluida la instrucción de Garzón sobre la trama político-empresarial de Eta e iniciado el ahogo financiero de Batasuna, ya sólo queda que los magistrados de la Audiencia Nacional y del Supremo no pongan obstáculos a la extirpación del cáncer que corroe la sociedad vasca y que perturba a toda España. Confiemos en que las “Secciones de puertas abiertas” sean ya cosa del pasado y en que los magistrados del Supremo con veleidades de legislador –véase el Gora Eta de Otegi en Francia– hayan recapacitado. La sociedad española, y especialmente la vasca, no están precisamente para leguleyadas “progresistas”.
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