El diario El País, en su habitual espacio de "publicidad gratuita" que concede en portada al Partido Socialista Obrero Español, anunció el jueves que "1.200 ayuntamientos socialistas [que agrupan a 12 millones de habitantes] recurren al Constitucional contra la Ley de Estabilidad". Y lo hacen porque el equilibrio entre lo que ingresan y lo que gastan las administraciones públicas, que la Ley de Estabilidad Presupuestaria se propone conseguir, les "asfixia" económicamente. Así que, ni cortos ni perezosos, los socialistas han presentado un "conflicto en defensa de la autonomía local" por considerar que la ley es "lesiva para la autonomía municipal al plantear modificaciones restrictivas en la capacidad de autofinanciación municipal".
Este es sin lugar a dudas un hecho sin precedentes. Hasta ahora, las instituciones públicas incurrían un año sí y otro también en déficit presupuestario, al tiempo que los economistas advertían del perjuicio para la fortaleza monetaria –y, consiguientemente, para el poder adquisitivo de los ciudadanos– que estas prácticas llevaban consigo. Lo que jamás había sucedido es que, después de que un gobierno proclamase el mea culpa y reconociera en una ley los perversos efectos que el déficit presupuestario tiene para la calidad de vida de sus ciudadanos y, en consecuencia, intentara desterrar estas prácticas abusivas de auténtica ingeniería financiera, otras instituciones reclamasen públicamente y ante los tribunales de justicia... ¡El derecho a robar poder adquisitivo a los ciudadanos!
Eso sí, ellos dicen hacerlo por nuestro bien. Como dijese Lysander Spooner, la diferencia entre un ladrón y un político usurpador es que mientras el primero te roba y se larga dejándote en paz, el segundo se queda junto a ti y te intenta convencer de que su latrocinio, lejos de arruinarte, te beneficia.
Por descontado que, vista la historia del Tribunal Constitucional, cualquier recurso, por descabellado que parezca, tiene posibilidades de prosperar. Sobre todo si el recurso se presenta en un tono victimista. Y eso es, no faltaría más, lo que los socialistas alcaldes han hecho. Dicen que la ley de Estabilidad Presupuestaria "ataca el núcleo de la autonomía local". La ley, queridos políticos, no ataca el núcleo de la autonomía local; la ley defiende la autonomía individual de cada ciudadano español ante los desmanes de muchos de sus políticos.
No está de más recordar que el modelo de financiación que reclaman los alcaldes socialistas es, precisamente, el de las provincias argentinas, que ha sumido a la nación austral en la peor de las crisis económicas de su historia.
El “derecho” al déficit
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