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Uno de los hechos bursátiles más llamativos de los últimos días ha sido la reacción de Wall Street a la aprobación por parte del Senado estadounidense de la nueva legislación que endurece las penas contra quienes cometan o participen en fraudes contables. El visto bueno de los senadores fue una inyección de confianza a una Bolsa muy necesitada de ella, por lo que su respuesta fue altamente positiva. Pero para cerrar de una vez por todas no basta simplemente con legislar; también hay que aplicar la ley y hacerlo, además, con eficacia

Ambos aspectos son las dos caras de la misma moneda, la de la protección efectiva de los derechos de los inversores sin la cual quiebra la confianza en el sistema financiero y, con ella, el propio sistema. Estas reflexiones vienen muy a propósito si se compara lo que está siendo el caso WorldCom desde el punto de vista de la justicia norteamericana y el caso Banesto en España.

Apenas han pasado unas pocas semanas desde que se supo que el gigante norteamericano de las telecomunicaciones había “maquillado” convenientemente sus cuentas para disfrazar lo que al final ha salido a la luz –la suspensión de pagos de la compañía– cuando la Fiscalía de Manhattan ya sabe bastante bien lo que ha ocurrido y, en breve, empezarán los juicios y habrá sentencias

En España, en cambio, no sólo sigue abierto aún el caso Banesto, con varios juicios todavía pendientes a pesar de que han pasado casi diez años desde que se intervino el banco, sino que los juicios que ya se han celebrado todavía están en fase de recurso ante los Tribunales Supremo y Constitucional.

Estas diferencias son muy importantes y tienen una consecuencia fundamental: la protección de los derechos en Estados Unidos es efectiva; en España, todavía, deja mucho que desear. Esto es algo que debe tener en cuenta el nuevo ministro de Justicia, José María Michavila, ahora que está en marcha la reforma de la Justicia, porque si ésta funciona, la confianza en los mercados volverá pronto y los cimientos jurídicos de la economía seguirán siendo sólidos. Y es que, con el tiempo que duran en España los procesos judiciales, sucede con más frecuencia de la que sería deseable que, cuando hay sentencia en firme, la empresa que resulte condenada ha desaparecido o el particular que tenga que pagar algo ha escondido el dinero.

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