La iniciativa adoptada por el Congreso de los Diputados de instar al Gobierno para que inicie el proceso para poder ilegalizar a Batasuna marca una de las jornadas más importantes de la democracia española. Es la decisión clara y contundente de defenderse de aquellos enemigos que, buscando desde dentro la destrucción del sistema democrático, se aprovechan simultáneamente de todas sus ventajas. Se trata de una prueba inequívoca de madurez de la democracia española y no admite interpretaciones, porque es un gesto de libertad para preservar la convivencia en paz de todos los ciudadanos. En definitiva, este acontecimiento supone el inicio del final del terrorismo de ETA, de su entramado político y de todo el negocio del terror.
Estamos viviendo durante estas semanas momentos de una gran importancia para la cimentación democrática. Pero quizá lo más importante desde un punto de vista político sea la confirmación de que la unidad de acción del Partido Popular y el Partido Socialista produce un alto grado de eficacia en el terreno de la lucha antiterrorista. Populares y socialistas han dejado de lado intereses partidistas y particulares, trabajando de la mano, al mismo ritmo y con los mismos objetivos. Las dos grandes formaciones políticas han demostrado que, cuando en las grandes cuestiones de Estado se trabaja con una visión amplia, con el interés general como principio, las metas marcadas se alcanzan sin ningún problema. Visto lo visto, es evidente que la eficacia de la reforma de la Ley de Partidos y la eficacia en el proceso de ilegalización de Batasuna se debe, en toda su extensión, a la buena sintonía mantenida entre PP y PSOE. También es una buena lección que deberían aprender las dos partes para el futuro.
A estas alturas, ya hay una cosa clara: el nacionalismo es el gran perdedor. Primero, el nacionalismo vasco, que se ha retratado. El PNV y EA han defendido hasta el ridículo la legalidad del brazo político de ETA; han criticado, cegados por sus propios intereses, la iniciativa de populares y socialistas; han dejado al descubierto su verdadera estrategia de complicidad con los batasunos y han quedado en evidencia al bajar la cabeza ante las amenazas del entorno etarra. Por su parte, el nacionalismo catalán ha perdido una gran oportunidad para demostrar que realmente tienen esa visión de Estado de la que tantas veces ha alardeado y que frecuentemente ha utilizado como argumento político. Esta vez, los nacionalistas catalanes, aunque han marcado claras distancias con el entramado terrorista, han tenido reparos para dejar solos a sus "hermanos políticos" del País Vasco y han optado por una abstención de muy difícil explicación y que, sin duda, recibirá su castigo electoral.
En este proceso también han quedado definitivamente marcados los que ya estaban marginados por los votos, pero que ahora están arrinconados por su propia decisión. Estamos hablando de Izquierda Unida y de los catalanes de Esquerra Republicana. Los primeros, con su actitud de absoluto servilismo hacia la posición personal de Javier Madrazo, han enseñado públicamente el desbarajuste interno e ideológico de una coalición que Gaspar Llamazares está llevando hacia la desaparición. ERC, por su parte, jugando a la contra y buscando no se sabe qué bazas electorales, ha asumido en todo su contenido y en toda su extensión el discurso de la propia Batasuna, objeto final de la ilegalización.
En definitiva, la decisión del Congreso de los Diputados de instar al Gobierno para que ponga en marcha el proceso de ilegalización de Batasuna abre la puerta de una democracia sin terrorismo. Es una clara advertencia de que los enemigos de los principios democráticos no tienen espacio para sus perversos objetivos. Es el principio de una nueva etapa en la búsqueda de una convivencia pacífica por la que merece la pena trabajar.
La democracia se defiende
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