La vuelta del PNV al redil constitucional –del que aún no hace dos meses amenazaba con salirse, en compañía de EA e IU– es una clara demostración de la importancia que tiene la unidad de criterio que comparten –por el momento– PP y PSOE en lo que se refiere a la necesidad de oponerse a desafíos y novedades que podrían alterar gravemente la estabilidad política y la unidad de España. No hay que olvidar que Pujol, cuando el tripartito vasco –con el apoyo pasivo de Batasuna– aprobó el pasado mes de julio el “ultimatum” al Ejecutivo en materia competencial, declaró que “comprendía muy bien” a PNV y EA. La certeza de que el gobierno del PP, con el probable apoyo del PSOE, invocaría el precepto constitucional que faculta al Ejecutivo para suspender el estatuto de autonomía en el caso de que el tripartito asumiera unilateralmente las competencias que reclama, ha sido uno de los dos factores principales que explican la “retirada estratégica” anunciada por Ibarretxe.
El otro factor, sin duda, ha sido la unidad y la firmeza que los tres poderes del Estado –el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial– han demostrado en el proceso de ilegalización de Batasuna, abandonando los cínicos argumentos del PNV y los proetarras –la ilegalización ahondaría la fractura política y social de la sociedad vasca–, repetidos machaconamente durante veinticinco años. Los líderes del PNV han empezado a darse cuenta de que la sociedad española y la clase política ya están inmunizadas contra su propaganda y su arrogante victimismo, que ya sólo les funciona allende el Ebro y cada vez menos, a juzgar por los resultados de las últimas elecciones vascas, que muestran claramente que la única esperanza de crecimiento del PNV es arrebatar votos a Batasuna.
Fue esa certeza de haber tocado techo –aun a pesar de tener en sus manos la educación, de controlar directa o indirectamente la mayor parte de los medios de comunicación y de capitalizar los réditos políticos de los asesinatos de ETA-Batasuna– unida a la aniquilación política de Redondo Terreros lo que impulsó a los líderes nacionalistas a pisar a fondo el acelerador hacia la secesión, con llegada prevista en una o, como mucho, dos legislaturas. Pero los tiempos que corren no son los más propicios para desafiar abiertamente a la Constitución y al estado de derecho, habida cuenta de que Batasuna está de cuerpo presente, precisamente por haber hecho lo propio, eso sí, con la pistola en la mano.
Aunque impacientes por lograr en esta vida su paraíso totalitario, los líderes nacionalistas han preferido nadar y guardar la ropa, esperando a que ocupe La Moncloa un inquilino del PSOE –González, Cebrián y Polanco mediantes– más sensible a sus zalemas que Rodríguez Zapatero. Aunque es muy posible que, en el ínterin, ya se les haya pasado el arroz: una amplia minoría de votantes y militantes del PNV –esos “michelines” de los que Arzalluz quiere prescindir–, cansada de ser silenciada e intimidada y a la que le repugnan profundamente las consecuencias del pacto de Estella, puede retirar su apoyo a Ibarretxe y Arzalluz en las próximas elecciones autonómicas.
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