Las declaraciones que el martes hizo Joseba Egibar acerca de la suspensión de actividades de Batasuna decretada por el juez Garzón, podría haberlas suscrito íntegramente el líder de la coalición proetarra, Arnaldo Otegi. Egibar ha anunciado, en abierto desafío a una resolución judicial, que su formación contempla en el futuro convocar manifestaciones en apoyo de Batasuna. Y en el tono amenazador que suelen emplear los proetarras, ha afirmado que el documento contra la ley de partidos que presentó el PNV, donde se citaban las posibles consecuencias de la ilegalización de la formación proetarra “no se va a quedar en nada (...) Tendremos que medir nuestros pasos, pero está claro que la sociedad siempre necesita sus vías de expresión”. Tampoco ha vacilado en culpar al Gobierno de utilizar todos sus instrumentos para “estropear, arruinar la convivencia de esta sociedad”. Exactamente la misma infame y repugnante inversión de los términos de la realidad que suelen emplear los batasunos, verdaderos responsables –con la aquiescencia del PNV– de la ruina de la convivencia en la sociedad vasca.
Egibar despeja toda duda acerca su “lealtad” y de su “talante democrático” al afirmar que la probable ausencia de Batasuna en los próximos comicios municipales provocaría “una clara carencia democrática” que habrá que cubrir de alguna manera –¿integrando quizá a los batasunos en las listas del PNV o en las de EA?– . Nada dice, por supuesto, de la auténtica "carencia democrática” –inédita en el mundo libre desde que acabó la II Guerra Mundial– en numerosos ayuntamientos vascongados, donde las fuerzas políticas verdaderamente democráticas no pueden presentar sus candidatos, precisamente, porque, hasta ahora, los batasunos lo han impedido con el “democrático” terror y los “democráticos” asesinatos cometidos por sus socios etarras.
Habida cuenta de que Joseba Egibar es portavoz de la Ejecutiva Nacional del PNV y presidente del PNV guipuzcoano –cargos que ostenta desde 1986–, sus declaraciones del martes son todo menos los exabruptos de un exaltado, y muestran bien a las claras cuál es la línea de fondo de los actuales dirigentes del PNV. Estrecho colaborador de Arzalluz y coartífice con Otegi del pacto de Estella, Eguibar ha sido el principal responsable de la deriva del PNV hacia el secesionismo, así como del abandono por parte de su partido de la lealtad para con las instituciones democráticas y de los deberes esenciales de cualquier gobierno democrático que se precie: defender activa y eficazmente –no sólo de palabra– la vida y la libertad de todos los ciudadanos, incluidos los que no lo han votado. Pero el PNV, desde Estella, tiene mucho más que ver con el modelo nacional-socialista de ETA-Batasuna que con los partidos que en España representan la libertad y la democracia.
Con todo, esta actitud de los nacionalistas ex democráticos era previsible, o al menos no descartable, desde el momento en que firmaron con los representantes de los etarras el pacto de Estalla. Pero lo triste –cuando no grotesco y risible– es que determinados sectores del PSOE, encabezados por Maragall, López, Eguiguren y Elorza, siguen empecinados en su política de los años ochenta, consistente en la máxima “progre” de que a los nacionalistas, por los grandes pecados del régimen anterior, todo hay que concedérselo, perdonárselo y consentírselo. Por ello, el mero cumplimiento de la ley o de una resolución judicial –al que están obligados todos los españoles–, a ojos de Maragall se transforma en “lealtad institucional”, puesto que, según él, aunque a Ibarretxe no le guste la ley de partidos, la ha acatado, lo que obligaría al Gobierno a mostrar un “gesto político”. Es decir, implícitamente reconoce a los nacionalistas vascos la posibilidad o incluso el derecho a incumplir la ley si no les gusta.
No es extraño, pues, que los nacionalistas muestren tan poco respeto por la Constitución, la Ley y la Justicia. Los socialistas, especialmente los vascos y los catalanes, no les han dado hasta épocas recientes muchos motivos para tenerlo. Arzalluz e Ibarretxe sólo esperan el momento en que el PP salga de La Moncloa para lanzar su ofensiva final en pos de la secesión. Entonces veremos si González y Cebrián permiten a Zapatero continuar en la línea firme que ahora comparte con el PP de Aznar.
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