Cuando alguien pide ser consultado sobre algo, lo habitual es que el que plantea la exigencia tenga una opinión sólida y bien fundada que aporte nueva luz sobre el punto en cuestión. Pues, de otro modo, no vale la pena hacer perder el tiempo a los demás.
No cabe duda de que Rodríguez Zapatero, en su calidad de líder de la Oposición, tiene legitimidad suficiente como para “exigir” al Gobierno el ser consultado sobre una materia de política exterior tan importante como el ataque a Irak en el marco de la guerra contra el terrorismo. Pero la opinión de Zapatero y del PSOE nada nuevo aporta a la retórica habitual del diálogo con quien no desea dialogar –en abierta contradicción, por cierto, con su postura respecto de ETA-Batasuna–, remitiendo el caso a la mítica política exterior común europea –que tan “buenos” resultados dio en Yugoslavia– o a la autorización de la ONU para ejercer el derecho a la legítima defensa.
En el mundo se libra una guerra contra el terrorismo, liderada por los EEUU, en la que España, por razones evidentes, debe jugar un papel principal. Poco importa que nuestros socios europeos o la Asamblea de las Naciones Unidas (donde los estados verdaderamente democráticos y civilizados son una minoría) opongan reticencias para atacar a Irak, pues ellos no han sufrido tan de cerca como nosotros, los británicos y los norteamericanos los golpes del terrorismo. Sadam Hussein ha demostrado con creces que es una amenaza para sus vecinos más cercanos y para Occidente, y no es preciso esperar pacientemente a la siguiente masacre para tomar medidas preventivas contra sus fechorías mientras que se intenta la “vía diplomática”, la cual, por cierto, ya se agotó en el momento en que el déspota iraquí impidió la labor de los inspectores de armamento de Naciones Unidas.
Es deseable, ciertamente, contar con el apoyo o al menos la opinión favorable del máximo de naciones posible, pero la mezquindad o la indiferencia de algunos países o instituciones multilaterales no puede ni debe ser un obstáculo para ejercer el inalienable derecho a la legítima defensa, con el objeto de hacer del mundo un lugar más seguro. Y lo que distingue precisamente a una nación soberana de un protectorado es la autonomía de su política exterior, cuyas directrices y alianzas han de articularse, no en función de la corriente mayoritaria de opinión presente en otros países que no sufren nuestros problemas, sino en virtud de la eficaz defensa de nuestros intereses.
Es imposible contentar a todo el mundo y aunar todas las voluntades, ni siquiera dentro de nuestro propio país, donde los nacionalistas vascos y catalanes, así como también los comunistas, se unen para motejar al presidente del Gobierno de lacayo de Bush. Pero es precisamente la visceral oposición de estos sectores lo que añade mayores visos de verosimilitud y justicia a la decisión del Gobierno de brindar el apoyo de España en la próxima batalla de la guerra contra el terrorismo.
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