Antena 3: se acabaron las excusas

A los más de seis años que tardó el Tribunal Supremo en dictar sentencia sobre el antenicidio, el Gobierno ha añadido otros dos de dilaciones injustificadas que, en algún aspecto, rozan incluso los límites de la prevaricación. El recurso contencioso-administrativo que interpusieron, entre otros, Manuel Martín Ferrand, Antonio Herrero (q.e.p.d), José María García, Pedro J. Ramírez, Luis Herrero y el editor de este diario, Federico Jiménez Losantos, contra la decisión del gobierno del PSOE, el 20 de mayo de 1994, de dar el visto bueno a la adquisición del control y el posterior desmantelamiento de Antena 3 por parte de su competidora, la cadena Ser, prosperó el 9 de junio de 2000.

La sentencia era bien clara: los acuerdos entre el grupo Prisa y el grupo Godó encaminados a concentrar la gestión de Antena 3 y la Cadena Ser en una nueva sociedad llamada Unión Radio, en la que Prisa participa al 80% y el Grupo Godó al 20%, debían quedar sin efecto con el objeto de restaurar la pluralidad de medios informativos existente antes de la operación. Prisa recurrió ante el Tribunal Constitucional, pero la sentencia ya era firme, por lo que el Gobierno debió tomar entonces las medidas oportunas para asegurar su cumplimiento, en un plazo de dos meses. Sin embargo, como “medida de prudencia”, en palabras del entonces portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, el gabinete de Aznar aguardó a la sentencia del Constitucional, que un año después confirmó la del Supremo. Esta vez, la “prudencia” se transformo en una sospechosa desidia, puesto que el Gobierno dijo no haberse enterado de su contenido hasta seis meses después –un contenido que, forzosamente, tenía al menos que conocer el Fiscal General del Estado– cuando, forzado por las revelaciones de la prensa, se vio obligado ordenar su ejecución.

Aunque no puede decirse que la forma en que lo hizo fuera especialmente diligente. El Gobierno le pasó la patata caliente al Tribunal de Defensa de la Competencia, ante el que Prisa debía presentar en dos meses “un plan detallado de actuaciones y plazos”. Si ya de por sí es chocante que se pregunte al condenado cómo y en qué plazo desea cumplir su condena, –Prisa se limitó tan sólo a solicitar del Servicio de Defensa de la Competencia otra resolución más aprobando la disolución de los acuerdos y a proponer un plazo indeterminado para su cumplimiento–, lo que ya resulta sospechoso de mera táctica dilatoria –tal y como reconoce implícitamente el alto tribunal– es que el abogado del Estado, ante el informe desfavorable del Tribunal de Defensa de la Competencia, planteara al Supremo si la propuesta vacía de Prisa daba debido cumplimiento a la sentencia.

La Sala Tercera del Supremo –presidida por el ex ministro socialista de Justicia, Fernando Ledesma– ha dejado claro contundentemente –“tirón de orejas” al Gobierno incluido– que la sentencia debe ejecutarse “con toda la urgencia posible”, es decir, sin que medien más tácticas dilatorias. El Ejecutivo de Aznar, que hizo bandera en la oposición de la garantía del pluralismo en los medios de comunicación, no ha podido incumplir más flagrantemente sus promesas en este terreno, como, además de este caso, pone de manifiesto la entrega del monopolio mediático de facto a Jesús de Polanco, para quien se reforman las leyes a la medida de sus incumplimientos, necesidades e intereses.

Al Gobierno le crecen los problemas. Sus miembros, pendientes de la sucesión de Aznar, de conservar el poder, y de lo que a este respecto interpretan que dicen las encuestas, se han olvidado de ejercer la acción de gobierno y de poner en práctica el programa para el que fueron elegidos; el cual, desde luego, no pasaba por comprar con favores –bendita ilusión– la amnistía de Polanco en beneficio propio y en detrimento del pluralismo en los medios de comunicación, ni tampoco en dejar que sean los sindicatos quienes dicten la política laboral mientras ellos se dedican a dirimir luchas internas o a encargar dossieres tras un patético telón de “centrismo”.

A quienes han propiciado la “luna de miel” con Polanco, procurando ocultar el antenicido tras un espeso manto de olvido e intencionada incuria administrativa, la resolución del Supremo se les va a atragantar, pues es probable que el magnate cántabro, tras perder 79 emisoras de radio, ya no se sienta tan “obligado” a corresponder a los favores del Gobierno. Y es que, afortunadamente, el cumplimiento de las sentencias judiciales no está sujeto a ningún tipo de “diálogo” o negociación. Al menos en un auténtico estado de derecho.

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