El PSOE ha empezado a lanzar sus dardos contra las modificaciones a la reforma del sector audiovisual que quiere poner en marcha el Gobierno. Sus críticas, por supuesto, no han ido por el lado empresarial o económico sino por el político y así no se han cortado a la hora de acusar al Ejecutivo de diseñar un plan audiovisual para blindarse en el poder, y lo dicen ellos que pretendieron hacer lo mismo con las concesiones a Prisa, entre ellas la entrega de Antena 3 a Polanco con el beneplácito de un Tribunal de Defensa de la Competencia presidido por un Miguel Ángel Fernández Ordóñez que hoy forma parte de la estructura de poder del grupo de Polanco. Por tanto, la legitimidad moral de los socialistas para realizar esta crítica no sólo es nula sino que invita a preguntarse si se trata de un ejercicio de oposición o de defensa de intereses particulares.
No obstante, sí es cierto que conviene hacer una reflexión sobre el panorama audiovisual que se perfila en el horizonte a partir de las críticas del PSOE. De entrada, por ahora no está nada claro que se vayan a privatizar las televisiones autonómicas pero, si fuera así, la medida, a priori, debería ser aplaudida porque las televisiones públicas autonómicas son una competencia ruinosa y desleal hacia las cadenas privadas que pagamos los españoles con nuestros impuestos. Además, las televisiones autonómicas no tienen esa obligación de servicio público de Radio Televisión Española, con lo que no hay ningún problema ni para su privatización ni para su cierre si no son rentables y, de paso, se quita a los políticos regionales un mecanismo de poder sobre la sociedad. Ahora bien, esa privatización debe hacerse con todas las garantías de pluralismo informativo y de competencia real en el sector. En caso contrario, es mejor echar el cierre.
El no a la ley de acompañamiento con el que amenaza el PSOE también es sospechoso. Es verdad que la ruptura del límite del 49% a la participación de un accionista en el capital de una televisión y la desaparición de la prohibición de que un mismo accionista participe en el accionariado de más de una empresa suscita temores acerca de operaciones de concentración empresarial contrarias a la competencia. Eso es algo que nunca debe producirse, le guste o no al Gobierno porque está en juego la eficiencia de un sector que crea y seguirá creando muchos puestos de trabajo y porque una de las condiciones necesarias para una sociedad libre es la pluralidad de ofertas informativas, una pluralidad que se vería amenazada. Pero también es cierto que hay otras cosas, como una posible restricción a las redes de televisión local, es decir, a la Localia de Polanco, que les obligaría a ser eso, televisiones locales y no, como sucede hoy, verdaderas cadenas nacionales formadas al amparo de un vacío legal que ahora se pretende cubrir. Y el PSOE, si de verdad defiende la libertad y la democracia y no los intereses de Polanco.
Esto último liga con un tercer aspecto que critican los socialistas: el desarrollo de la televisión digital. El futuro del sector audiovisual pasa por ahí, tanto para la radio como para la televisión, por lo que los socialistas no deberían oponerse a ello porque sí. Por supuesto, ese desarrollo debe hacerse con las mismas cautelas y prevenciones enunciadas más arriba, pero no debe frenarse únicamente para que puedan subsistir las actuales televisiones analógicas. La digital acabará con ellas, incluidas Canal Plus y Localia, y eso es algo que también hay que tener en cuenta a la hora de valorar la política del Gobierno y las críticas del PSOE. Por ello, lo fundamental es garantizar el pluralismo informativo y la libertad para la sociedad que se deriva del mismo. En el resto, que cada palo aguante su vela.
Libertad, libertad
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