El presidente de Chile no debe nombrar y remover a su amaño a los jefes de las Fuerzas Armadas ni a miles de funcionarios llamados de su confianza. El poder no debe seguir concentrándose en el Ejecutivo, que dispone de crecientes recursos y de toda clase de leyes para favorecer a algunos a costa de los otros, en una mala tradición de corte totalitario, que limita los derechos personales y es proclive a la corrupción, típica del poder discrecional. Esto termina por desprestigiar a los partidos políticos y a la modalidad democrática.
Aunque no lo crea, el tamaño y poder del Estado se redujo durante el gobierno militar. En esta democracia a la socialista, sube y sube. No había entrado Aylwin al palacio presidencial cuando ya estaban aumentando el IVA en dos puntos. Y esto no ha parado hasta el presente. El crecimiento del Estado es quitar plata, libertad y poder a las personas, para traspasarlos a la burocracia política. En el extremo, como en el intento 1970-1973, se configura una dictadura. Es una práctica totalitaria, que se completa con el legislarlo todo y el violar, por simple mayoría, los derechos de las personas.
Como señala Mary O'Grady del Wall Street Journal, "bajo la fachada de organización, regulación, protección o fomento, la ley se adueña de la propiedad de una persona y se la asigna a otra; la ley absorbe la riqueza de todos y la destina a unos pocos, sean éstos granjeros, fabricantes, armadores, artistas o comediantes". Es lo que Bastiat llamó, en 1850, "la mortal idea del saqueo legal". O lo que Enrique Ghersi citaba del ex presidente peruano Oscar R. Benavides: "Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley". Esta, en vez de ser un instrumento de defensa de los derechos de los individuos, se usa en Latinoamérica para la coerción.
"¡Es que la mayoría quiere esto o aquello!", repite el gobierno chileno de la Concertación, de capitán a paje. Pues bien, no porque el 50,1 por ciento vote a favor de matar al 49,9 por ciento, eso debe hacerse. La democracia sólo tiene sentido si respeta la libertad y los derechos personales. Estos no se pueden violar por la mitad más uno. La democracia no es la dictadura a nombre de la mayoría, y sólo pueden verla así los que, en el fondo, son totalitarios, la desprecian o no la entienden.
Los gobernantes deben ser elegidos por la mayoría, pero no para restringir la libertad, cosa que ocurre al entregar más recursos al Estado o normarlo todo, desde cómo casarse hasta en qué invertir, pasando por la educación con textos oficiales o el fomento de cuanta tontera se les ocurra a los políticos.
El papel del Estado debe limitarse a lo clásico, dejando el grueso del poder a las personas actuando con libertad. Además, la fuerza enorme del Estado debe repartirse en el máximo de instancias o poderes. Figuras como el Tribunal Constitucional, cierta autonomía de las Fuerzas Armadas y un Congreso que sirva para algo son bienvenidas, al igual que un sistema electoral y de partidos libre, abierto, competitivo e informado, incluyendo que el dinero no se le puede sacar por la fuerza a las personas.
No hemos avanzado a la democracia que respeta a la gente, sino a una modalidad de socialismo corporativista, en la ruinosa tradición latinoamericana. Terminemos con Bastiat: "Parte de los impuestos que pagamos se destinan por ley (en privilegios y subsidios) a personas más ricas que nosotros. Otros la utilizan para aumentar los precios. Dado que todos usan la ley para beneficio propio, nosotros también deseamos utilizarla para el nuestro. Exigimos que la ley nos otorgue el derecho a la ayuda, que es el saqueo del pobre. Para obtenerlo, deberíamos ser votantes y legisladores con el propósito de poder organizar la Mendicidad en gran escala para nuestra propia clase, de la misma forma en que ustedes han organizado la Protección en gran escala para la suya".
© AIPE
Alvaro Bardón es profesor de Economía en la Universidad Finis Terrae y fue presidente del Banco Central de Chile.

Perfume totalitario
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