Tras una sentencia del Supremo, otra del Constitucional y una nueva resolución del Supremo el pasado 25 de septiembre, el Gobierno sigue sin encontrar la fórmula adecuada para ejecutar lo que desde el punto de vista judicial queda meridianamente claro: los pactos entre el grupo Prisa y el Grupo Godó que dieron lugar a la absorción y posterior desmantelamiento de Antena 3 de radio deben quedar sin efecto, de tal modo que la pluralidad de medios de radiodifusión anterior a la operación quede restaurada. Y nada más sencillo que prohibir a la SER que emita su programación por los 79 postes que en su día pertenecieron a Antena 3 de radio, obligando a Polanco a que la sustituya –aunque sea provisionalmente y mientras se produce la venta de esos postes– por la programación de otras cadenas de radio como Onda Cero o la COPE, por ejemplo.
Sin embargo, desde junio de 2000, la sentencia del alto Tribunal duerme el sueño de los justos en algún cajón del escritorio de Rodrigo Rato quien, aun a pesar del apremio y los reproches del Supremo ante las tácticas dilatorias que el Gobierno ha practicado y permitido a Polanco, intenta aparcar este molesto asunto para que el nacimiento del primer hijo del matrimonio ilegítimo y contra-natura entre el poder político y el poder mediático –la fusión de las plataformas, que con casi toda seguridad será un hecho el 13 de diciembre próximo– no coincida con la muerte de ese otro “hijo natural” –Unión Radio– nacido de un “amancebamiento” anterior.
La última maniobra desesperada de los recién desposados fue el recurso de súplica contra la ejecución de la sentencia, alegando vulneración de derechos fundamentales, que fue interpuesto por Unión Radio para ganar tiempo (el Gobierno le permitió a Polanco presentarlo tres semanas más tarde de lo previsto) y, a ser posible, desviar el caso hacia la vía administrativa (Defensa de la Competencia), donde Polanco, como se ha podido ver con la fusión de las plataformas, tiene vía libre y alfombra roja. Sin embargo, el alto Tribunal se ha reafirmado una vez más en el contenido de la sentencia y advierte (a Prisa y también al Gobierno) que los incidentes de la ejecución han de ser revisados por la vía judicial, y no por la vía administrativa.
Aparentemente, y a no ser que el Gobierno o los abogados de Polanco (con el ex ministro socialista Tomás de la Quadra a la cabeza) se saquen otro conejo de la chistera, la vía judicial queda agotada (Supremo y Constitucional). Sólo cabe el recurso ante el Tribunal de Estrasburgo, donde todavía –que sepamos– no ha llegado el eco del potente vozarrón de don Jesús pronunciando la frase mágica: “no hay lo que tiene que haber para negarme a mí...”.
No obstante, el Gobierno, madrastra tolerante y comprensiva –y en un futuro no muy lejano, también cornuda–, quizá se avenga a esperar el tiempo suficiente mientras Bruselas resuelva para que su cónyuge coloque ese hijo radiofónico ilegítimo, que tanto escandaliza a la buena sociedad, fuera del alcance de las miradas indiscretas. Puede que lo consiga en las Américas, bajo la tutela de Carlos Slim y los cuidados de su madre, Felipe González, quienes velarían celosamente para que siga educándose y practicando las costumbres y la filosofía de su padre, Polanco.
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