El desastre económico y la catástrofe ecológica provocadas por el petrolero “Prestige” ya son inevitables. El daño ya está hecho y sólo queda evaluarlo de la forma más precisa posible para que los afectados puedan cuanto antes cobrar de la compañía aseguradora y del Fondo las magras indemnizaciones que les puedan corresponder.
Es en la prevención de desastres como este y como el que provocó el “Mar Egeo” hace diez años también en Galicia donde han de aplicarse todos los esfuerzos que sean precisos. Loyola de Palacio, comisaria europea de Transportes, anunció el pasado viernes que pedirá a los estados miembros que adelanten las medidas de seguridad ya acordadas en relación con los barcos que transporten mercancías peligrosas; especialmente la fecha en que el doble casco (actualmente fijada para 2015) sea obligatorio y el incremento de la distancia mínima de las costas a la que estos buques puedan navegar. Se trata, sin duda, de medidas necesarias y razonables; aunque, habida cuenta de la extremada lentitud con que transcurren los asuntos de la burocracia de Bruselas, no estaría de más que nuestro Gobierno –De Palacio, por supuesto, habla sólo en calidad de comisaria europea– adoptara unilateralmente las medidas necesarias para impedir la navegación de este tipo de buques a una distancia prudencial de las costas gallegas. El derecho marítimo internacional, y en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, prevén esta posibilidad, máxime en unas aguas que ya han soportado dos devastadoras mareas negras en menos de diez años y cuyas cuotas de naufragios están entre las más elevadas del mundo
Sin embargo, tan importante como tomar medidas preventivas y de seguridad en lo tocante a los barcos que transporten mercancías peligrosas es la presión diplomática hacia los países y territorios que permiten directa o indirectamente la navegación de chatarras flotantes como el “Prestige” o contratan sus servicios. Es el caso de Gibraltar –primer destino del “Prestige” cuando zarpó de Letonia– y del Reino Unido, responsable de la aplicación en la Roca de la normativa europea en materia de industria, transporte y medio ambiente.
El tratado de adhesión británico a la Comunidad Europea excluía expresamente a Gibraltar de la libre circulación de personas y mercancías, así como de la armonización fiscal. Aprovechando esta última circunstancia, a los británicos, después de la apertura de la verja, ya no les cuesta un céntimo el mantenimiento de la población y de la base militar, pues la colonia es “autosuficiente” gracias a la competencia desleal en materia fiscal respecto del Campo de Gibraltar, así como por alojar toda clase de sociedades opacas dedicadas a negocios turbios, ilícitos en la OCDE, y al lavado de dinero procedente del narcotráfico, de las mafias internacionales y del terrorismo, tal y como denuncia este organismo, el cual recomienda poner coto cuanto antes a los excesos de los llanitos.
La circunstancia de que el fletador del “Prestige ”, Crown Resources –empresa propiedad de los magnates mafiosos Mijail Fridman y Mark Rich–, tiene una de sus principales sucursales en el Peñón –donde existe un mercado de repostaje de combustible naval (fuel oil) que se abastece de este tipo de barcos y que incumple la normativa europea en materia de seguridad y medio ambiente (la pasada semana se produjo un vertido más de fuel oil en la Bahía de Algeciras desde las gasolineras flotantes atracadas en el puerto de Gibraltar)– constituye una magnifica ocasión para atraer la atención internacional sobre el contencioso que en torno la Roca mantiene España con el Reino Unido y, de paso, alejar de nuestras costas la procesión de petroleros decrépitos con rumbo a Gibraltar.
Y nuestro Gobierno debería aprovecharla al máximo. El desastre del “Prestige”, además de desacreditar por sí mismo los argumentos de Peter Caruana sobre la viabilidad de un Gibraltar inofensivo, autosuficiente, europeo, con personalidad propia y con derecho a la “autodeterminación”, así como de poner en sus justos términos la reciente astracanada del referendum “virtual” –se comprende perfectamente que los llanitos no quieran renunciar a los pingües beneficios que reportan los negocios ilícitos–, deja en evidencia al Reino Unido en la arena europea: los británicos no se han preocupado lo más mínimo de hacer respetar en la colonia la normativa europea en materia de seguridad naval y medio ambiente, por lo que son responsables indirectos de la catástrofe en las costas gallegas. Por mucho que las autoridades británicas insistan en que el “Prestige” se dirigía a Singapur, lo cierto es que son barcos como éste los que se encargan de rellenar periódicamente las gasolineras flotantes de Gibraltar (900.000 toneladas de fuel oil almacenadas en el puerto de Gibraltar en barcos todavía más viejos y precarios que el “Prestige” en plena bahía de Algeciras).
Es obligación del Gobierno protestar lo más ruidosamente posible y exponer claramente a nuestros socios europeos las vergüenzas de la colonia británica ahora que está en el punto de mira, con el objeto de obligar a Londres a negociar el futuro de Gibraltar desde una posición más favorable a nuestros intereses. Pocas oportunidades como esta se nos van a presentar en el futuro, máxime cuando sabemos por experiencia que los británicos sólo se han avenido a negociar sobre Gibraltar en las ocasiones en que la colonia ha supuesto una fuente de problemas y de gastos para ellos. Por desgracia, resulta difícil imaginar a Ana Palacio negociando con la “pérfida Albión” a cara de perro, y tampoco parece que el presidente del Gobierno esté dispuesto, al menos de momento, a arruinar su hermosa amistad con Tony Blair, habida cuenta del pertinaz silencio del Gobierno en torno a este asunto.
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