Ruth Alonso, esta vez con el beneplácito del TSJPV, ha vuelto a poner en libertad a dos etarras que ni siquiera habían cumplido la mitad, no ya de sus condenas sino del máximo de 30 años previsto en el Código Penal. Luis María Azkalgorta, condenado a 45 años por participar en un atentado con coche bomba en 1985, sólo ha cumplido catorce. María Ángeles Pérez del Río, condenada a 27 años por complicidad en un atentado que costó la vida a un guardia civil, apenas ha pasado diez en prisión, y queda en libertad aun a pesar de la oposición de la Junta de Tratamiento Penitenciario de la prisión de Martutene, donde se hallaba la etarra.
La juez Alonso había solicitado al TSJPV abstenerse de estos dos casos debido a que su imparcialidad había sido “cuestionada a nivel objetivo” durante la polémica suscitada tras la excarcelación del etarra Félix Gil Ostoaga. Este tribunal, que ya respaldó entonces la decisión de la juez, ha denegado la petición de abstención; por lo que se convierte –si es que puede decirse así– en “cómplice” del enésimo desafuero de Ruth Alonso, cuyas peculiares convicciones religiosas le obligan “a ver a los presuntos culpables más allá del derecho, humanamente, tal y como hacía Jesús con los pecadores”. Pero, además de que Jesús sólo perdona a los pecadores arrepentidos –no puede decirse que los etarras excarcelados por Alonso hayan hecho examen de conciencia y acto de contrición–, la misión de un juez no es ir “más allá del derecho”, sino atenerse estrictamente a él, interpretando correctamente la intención de los legisladores, representantes de la voluntad popular.
Se ha dicho muchas veces que la justicia y quienes la administran suelen ser fiel reflejo de la sociedad de donde emanan. Y en una sociedad enferma de miedo, de coacción, de violencia y de nacionalismo obligatorio, las “motivaciones” religiosas de la juez Alonso, así como el apoyo que le presta el TSJPV –entre cuyos “méritos” están obstruir las instrucciones de Garzón, negarse a facilitar las dependencias del Palacio de Justicia de Bilbao para entregar el premio Carmen Tagle al Foro de Ermua por “las circunstancias sociopolíticas que caracterizan al presente esta comunidad autónoma” o negar el éxodo de los jueces fuera del País Vasco– son fiel reflejo del grado de control, a través de la intimidación, que ejercen nacionalistas radicales y “moderados” sobre la sociedad vasca.
Ante la burla al Estado de Derecho que están protagonizando Ruth Alonso –quien emplea sistemáticamente el fraude de ley en el Código Penal para excarcelar etarras– y el TSJPV, que refrenda las actuaciones de la juez, no estaría de más que el órgano de gobierno del Poder Judicial saliera al paso para poner un poco de orden entre tanta sinrazón. Si bien es cierto que el CGPJ no puede imponer criterios de enjuiciamiento a ningún juez o magistrado, no es menos cierto que una de sus principales funciones es vigilar la independencia y competencia profesional de los representantes del Poder Judicial.
La interpretación forzada del Art. 78 del Código Penal, en la que se apoya sistemáticamente Alonso para excarcelar etarras en contra del criterio de los fiscales y de Instituciones Penitenciarias, debería considerarse, al menos, como un indicio de que la juez persigue fines extrajudiciales con sus actuaciones –ya sean éstos religiosos o políticos. Y va siendo hora, ante la ya larga serie de escándalos protagonizados por Ruth Alonso –16 etarras excarcelados–, de que el CGPJ haga una excepción en su inercia corporativista abriendo un expediente a la juez que predica el perdón sin arrepentimiento y llamando al orden al TSJPV. Aunque sólo sea para que se note que el órgano de gobierno del Poder Judicial sirve realmente para algo más que echar capotes a jueces en apuros.
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