Inmigración y seguridad: más vale tarde que nunca

En pocos años, España, que ha sido siempre un país de emigrantes, se ha convertido en receptor de inmigrantes. El espectacular crecimiento económico de nuestro país ha hecho posible y necesaria la importación de mano de obra para mantener el dinamismo de ese crecimiento, y prueba de ello es que la mayoría de las nuevas altas en la Seguridad Social corresponden a trabajadores inmigrantes.

Sin embargo, la falta de adaptación de nuestro sistema legal a la nueva realidad de la inmigración ha convertido a España en un paraíso para mafias, pequeños delicuentes y traficantes de personas, que han encontrado en la blandura de nuestras leyes las condiciones ideales para desarrollar sus actividades. Son muy frecuentes los casos de inmigrantes ilegales que cometen delitos menores para evitar la orden de expulsión inmediata, que con la legislación vigente debe esperar hasta que el juicio se celebre; y mientras tanto, sin trabajo y sin documentos, son presa fácil de las mafias dedicadas al robo, al tráfico de drogas o a la prostitución. El notable incremento de la delincuencia registrado en los últimos años tiene bastante que ver con este estado de cosas, y no hace mucho que el Gobierno identificaba ese incremento con la inmigración ilegal, apoyándose en las estadísticas policiales.

El Gobierno ha anunciado nuevas reformas en el Código Penal. Las órdenes de expulsión de inmigrantes ya no tendrán que esperar a que se resuelvan las causas que éstos tengan pendientes, con lo que se eliminan los incentivos a la pequeña delincuencia; y las penas por tráfico ilegal de inmigrantes se elevarán desde los actuales seis meses a entre tres y diez años –aún más cuando se trate de prostitución o, por ejemplo, de pasar el Estrecho en pateras sobrecargadas, con grave riesgo para la vida de los inmigrantes. En las reformas también se incluye la mención expresa en el Código Penal a la ablación del clítoris como delito de lesiones, para que no pueda ser interpretada como “peculiaridad cultural”; así como la posibilidad de obtener el divorcio en España aunque en los países de origen de los inmigrantes no sea legal, una medida que beneficiará especialmente a las mujeres inmigrantes sometidas a vejaciones y malos tratos.

Asimismo, también se contemplan medidas para evitar la proliferación de los rateros, como considerar delito la acumulación de cuatro faltas; circunstancia que será considerada como agravante a la hora de graduar las penas. Hasta ahora, prácticamente ninguno de los llamados "delitos menores" como los hurtos o los robos de vehículos son castigados con penas de cárcel, aun a pesar de que muchos de quienes los cometen son multirreincidentes; un escándalo largamente padecido y denunciado por la gran mayoría de los ciudadanos.

Ante lo acertado de las reformas anunciadas y su evidente necesidad, cabe preguntarse por qué el Gobierno no decidió aplicarlas antes, pues ha tenido casi siete años para hacerlo –los tres últimos en mayoría absoluta. Y la única respuesta que viene a la mente es que el Gobierno, excesivamente timorato en estas cuestiones por miedo a afrontar las críticas demagógicas de la Oposición –no hay que olvidar el rechazo de lso socialistas a la reciente reforma de la Ley de Extranjería, que pretende eliminar el famoso “efecto llamada”–, no se ha decidido a impulsar estas reformas hasta que el PSOE –haciéndose eco del descontento de los ciudadanos– no ha reivindicado, con fines electorales, la preocupación por la delincuencia –si bien para los socialistas, la solución pasa únicamente por incrementar los efectivos policiales.

Nos hallamos en año electoral y el Gobierno ha tomado buena nota de la muy favorable acogida que entre los ciudadanos ha tenido el cumplimiento íntegro de las penas para los delitos de terrorismo. Y ante el ataque del PSOE por el flanco de la seguridad ciudadana, el PP se ha decidido, por fin, a poner en práctica su programa en materia de inmigración y seguridad ciudadana. No obstante, y aunque deberían haberse adoptado mucho antes, sean bienvenidas estas reformas tan necesarias que, una vez más, demuestran que el PP sólo da lo mejor de sí mismo cuando se halla bajo presión; como en la anterior legislatura, en la que sin mayoría absoluta, el número y la importancia de las reformas llevadas a cabo supera con mucho el de las impulsadas desde 2000.

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