Una de las peores secuelas de la guerra fría, que por desgracia está muy lejos de desaparecer, es la creación, por parte de los aparatos de propaganda del telón de acero, de esa magma pseudoprogresista y políticamente correcto –más bien cabría decir políticamente tuerto– que ruge de indignación cuando un gobierno se muestra más celoso de lo “razonable” en la defensa de la propiedad y el libre mercado y, en cambio, se deshace en elogios cuando quienes llegan al poder se muestran enemigos declarados del capitalismo y la globalización. Dando un paso más, y tratándose de regímenes que atenten contra las libertades democráticas, el de orientación comunista siempre tendrá un plus de “legitimidad” o de “credibilidad”; independientemente del grado de represión o de criminalidad. Los ejemplos más elocuentes son, quizá, el Chile de Pinochet o la España de Franco comparados con Corea del Norte o con la Cuba de Castro. Es imposible comparar los océanos de tinta y los millones de horas de televisión empleados en la denuncia de los regímenes de Franco o de Pinochet –que, al fin y al cabo, surgieron como reacción a una amenaza comunista muy real y desaparecieron ya hace tiempo– con las magras páginas y los prácticamente inéditos documentales donde se da cuenta de los horrores de Corea del Norte, de Cuba o de Zimbabwe, que amenazan con prolongarse eternamente.
Son precisamente esta impronta sectaria –presente tanto en la mayoría de los medios de comunicación como en una gran parte de los personajes públicos de todo el mundo, especialmente los europeos–, unida a una visión racista-tercermundista de la política muy propia del mundo desarrollado –especialmente del anglosajón– que admite como exótica peculiaridad “consustancial” al mundo hispano las democracias corruptas y las dictaduras de opereta, los factores que mejor explican la indiferencia –cuando no la mal disimulada animosidad– hacia la oposición venezolana y la condescendencia y comprensión que Chávez encuentra en las foros internacionales. Aun a pesar de sus atentados y amenazas contra la prensa libre que denuncia la represión y las masacres contra los opositores, quienes ya han cumplido 45 días de huelga y de privaciones para recuperar una democracia que el líder bolivariano pretende sustituir por el “modelo referencial” cubano.
Ningún gobierno europeo o norteamericano hubiera podido resistir siquiera tres jornadas de manifestaciones masivas y de huelga general secundadas por todos los sectores y capas sociales, máxime cuando en la represión se han producido muertes. La comunidad internacional, con toda seguridad, y la ONU en primer lugar, instaría a ese gobierno a convocar elecciones inmediatamente, en el caso de que éste no lo hiciera de motu propio. Sin embargo, para Venezuela se emplea otra vara de medir. Nada importan los 45 días de huelga secundada por la inmensa mayoría de los venezolanos que exige la celebración de un referéndum o la renuncia de Chávez. Tampoco interesan las muertes y los heridos que los “círculos bolivarianos” han causado disparando contra multitudes pacíficas e indefensas. Y mucho menos la estrecha relación que Chávez mantiene con su maestro Castro, quien le proporciona especialistas en represión para entrenar a sus siniestros “círculos bolivarianos”, un calco de los “comités de defensa de la revolución” cubanos.
Y a quien menos parece importarle es a Koffi Annan y a Felipe González, quienes debatieron, a instancias del primero, la propuesta de Lula da Silva –de quien todo se puede decir menos que es neutral en este asunto– de crear un Grupo de Amigos de Venezuela –cuyos integrantes serían Brasil, EEUU, Chile, España y un representante de la ONU– que ayude a César Gaviria –secretario general de la inoperante OEA– a encontrar la forma de cuadrar el círculo; es decir, de encontrar una solución a la crisis de forma que no haya que elegir entre Chávez, que representa la dictadura comunista en ciernes, ni los opositores, cuyo objeto es desalojar del poder a quien ha demostrado fehacientemente que pretende secuestrar la democracia. Los venezolanos no necesitan esta clase de amigos, que lo son más de sus intereses –Felipe González o EEUU, en lo que toca al petróleo– o de Chávez –como es el caso de Lula– que de la democracia en Venezuela.
Por ello, España no debería participar –aunque Ana Palacio ya se ha apuntado– en algo que tiene todos los visos de convertirse en una mascarada al servicio de intereses ajenos a la defensa de la democracia, que exige algún esfuerzo y sacrificio –por parte sobre todo de España, la madre patria, y de EEUU, el paladín de la libertad en el mundo– más allá de la creación de comisiones mediadoras que prolonguen la agonía de Chávez.
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