Paco Vázquez, irritado por el favoritismo del presidente Fraga hacia Santiago, ha acusado a Don Manuel de comportarse como “alcalde” de esa ciudad. Ha ido más lejos, y ha afirmado que en Galicia hay ciudadanos de primera división (los santiagueses) y de segunda (el resto). La respuesta ha sido la habitual: el alcalde de La Coruña es un “localista”. La polémica esconde, sin embargo, una disputa de fondo sobre el modelo territorial de Galicia.
Los galeguistas, que controlan la dirección de los tres partidos gallegos, han apostado desde el principio de la autonomía por un remedo de estado nacional, con una ciudad-capital que concentre todas las sedes institucionales y los (infinitos) organismos dependientes, e incluso centralice las redes de comunicaciones. Un ejemplo evidente de esto último: en la polémica sobre el trazado del tren rápido gallego, el gobierno de la Xunta prefería que las Rías Bajas se conectaran con Madrid a través de Santiago, a pesar de que ello implicaba 100 kms. más. Se entendería esta preferencia por parte de Fomento –el tramo Orense-Vigo es caro y arduo–, pero cuesta comprenderla en una Xunta que no ha de pagarlo ni construirlo.
El centralismo santiagués ha sido recientemente oficializado con la Ley de Capitalidad, que es lo que tiene a Paco Vázquez indignado. Hasta ahora, Santiago no era oficialmente la capital, sino la sede de las instituciones autonómicas. La nueva ley consagra de iure la realidad de facto. Apenas ha supuesto escándalo en Galicia esta decisión –La Coruña ya se ha hecho a la idea de que Santiago sea la capital autonómica–, pero la gente desconoce sus implicaciones. Y es que Santiago va a recibir, ¡válgame Dios!, compensaciones económicas por su capitalidad.
¿Compensaciones por los muchos miles de puestos de trabajo allí creados?, ¿por sus infraestructuras capitalinas?, ¿por los museos, auditorios y fundaciones construidos y financiados ad maiorem Xuntae gloriam?, ¿por el entramado de empresas que, nacidas en torno a la burocracia de la Xunta, suelen ganar las contratas gubernamentales? Eso parece. La cantidad a recibir por Santiago no es conocida. Los partidos prefieren no hablar del tema hasta después de las elecciones municipales.
Hay algo de esta nueva ley que a mí, particularmente, me reconcome: Ha sido aprobada por unanimidad del parlamento gallego, con el voto a favor de diputados de Vigo o Coruña –sé que las circunscripciones electorales son provinciales, pero en la campaña nos aseguraban que eran los candidatos de nuestras ciudades– que sabían bien que votaban en contra de la voluntad de sus electores. Ello demuestra que nuestros representantes en Santiago no están en condiciones de defendernos; les costaría el puesto.
Lo más paradójico de todo este impulso neocentralista es que parece extraído de un manual de construcción nacional del siglo XIX: Ciudad capital a la que se transfieren rentas para “dignificarla” y donde se toman todas las decisiones, estructuración viaria que parte radialmente de la capital, concienciación nacional y lingüística a través de un aparato educativo y cultural... ¡Qué arcaico, qué anacrónico suena todo eso en el siglo XXI, cuando el mundo se organiza cada vez más en redes de ciudades interconectadas!
“El aire de la ciudad nos hace libres”, afirmaban los alemanes del medioevo. Me temo que, en cambio, la autonomía trae consigo un rancio aroma a cacique rural y cortesano capitalino.
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