No son muchas las ocasiones en que el Tribunal Constitucional falla por unanimidad, como ocurrió ayer con la Ley de Partidos. Utilizado en más ocasiones de las necesarias –especialmente por los nacionalistas– como instrumento para la continuación de la política por medios judiciales una vez agotada la vía parlamentaria, el TC ha tenido que sufrir bastantes veces a lo largo de su historia las presiones políticas del Gobierno y de la Oposición; algo que se ha visto reflejado en el estrecho margen por el que han sido declaradas constitucionales o inconstitucionales importantes leyes y decretos, como la expropiación de Rumasa, las leyes de normalización lingüística, la Ley del Suelo, etc. Con todo, los partidos nacionales, PP y PSOE, e incluso Izquierda Unida, siempre han demostrado acatamiento y respeto –como por otra parte es obligado en el seno de un Estado de Derecho– a las decisiones del Constitucional; independientemente de que el fallo favoreciera o no sus posiciones políticas y de las críticas –legítimas– que hayan podido dirigir hacia el contenido de las sentencias.
No ha ocurrido lo mismo con los partidos nacionalistas, especialmente el PNV, que siempre ha acusado sistemáticamente de politización al Constitucional cuando sus fallos no favorecían las tesis e intereses nacionalistas, o bien de atropello jurídico o de antinacionalismo al gobierno de turno o al Tribunal Supremo cuando las sentencias les daban la razón –como ocurrió, por ejemplo, con la anulación de la sentencia del Supremo que condenaba a la mesa nacional de Herri Batasuna a siete años de cárcel. Esta actitud, típica de los partidos totalitarios y antidemocráticos, ha vuelto a reproducirse con motivo del fallo favorable a la Ley de Partidos que permitirá ilegalizar el brazo político de ETA, actualmente en trámite en el Tribunal Supremo, el cual tendrá que pronunciarse sobre el caso en las próximas semanas.
En reacción a la sentencia, Anasagasti ha vuelto a incidir sobre el ya clásico sofisma de que no se puede dejar sin representación política a los simpatizantes de ETA porque ello supondría una desvirtuación de la democracia. Aparte de que es evidente que Anasagasti no muestra el mismo celo democrático cuando se trata de amparar y defender a los miembros del PP y del PSOE amenazados por ETA y por su brazo político –antes al contrario, sus jefes en Vitoria colman de subvenciones a quienes los coaccionan y los asesinan–, que exista un determinado número de electores que apoyen con su voto el asesinato y la extorsión con fines “políticos” no significa que la opción política que representa esos fines sea legítima y respetable por ese simple hecho, máxime cuando una parte no desdeñable de esos votos que apoyan a los etarras son producto del miedo o del chantaje. Y esta es, precisamente, la lectura que cabe hacer del fallo unánime del TC, apoyado por la inmensa mayoría de los españoles sea cual sea su credo político.
Con la ilegalización de Batasuna, el PNV ve peligrar su “cosecha de nueces” y su principal activo político: el eterno “problema vasco”, que los nacionalistas quieren mantener vivo a toda costa hasta llegar a la “autodeterminación”. Jaime Mayor Oreja ya ha advertido de que el próximo 25 de mayo, fecha en que tendrán lugar los comicios locales en toda España, será una fecha clave para el próximo desafío separatista de Ibarretxe si los resultados favorecen a los partidos nacionalistas; y es probable que, privado de sus aliados estratégicos de Estella, el PNV decida pisar el acelerador antes de que se le acabe la gasolina que le proporcionan ETA y sus amigos, quienes a partir de ahora, aunque cambien de caras y de siglas, lo tendrán un poco más difícil
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