La oleada de algaradas callejeras y de agresiones contra las sedes, los cargos electos y los candidatos del Partido Popular –ya superan las 120– auspiciadas por Izquierda Unida y el PSOE, probablemente habrá traído a la memoria de muchos de los españoles de más edad los acontecimientos previos a nuestra guerra civil. El paralelismo es aún mayor si se tiene en cuenta la deriva separatista en la que se hallan inmersos los nacionalistas vascos, la cual a su vez estimula los nunca bien disimulados anhelos rupturistas de los nacionalistas catalanes, donde hay que incluir a Maragall y sus propuestas anticonstitucionales sobre el modelo de estado.
Afortunadamente, y aun a pesar de la gravedad de los hechos –por ejemplo, las amenazas del secretario general del PSOE de la localidad onubense de Villarasa en el más puro estilo batasuno hacia el candidato del PP a la alcaldía–, todavía no se ha llegado al ambiente que se respiraba en la primavera de 1936. Pero desde que, con la excusa del “no a la guerra”, la extrema izquierda impidió hablar a Alberto Ruiz Gallardón en la Universidad Complutense, el tono de las “protestas” y la implicación directa o indirecta en ellas de PSOE e IU se ha elevado exponencialmente. La Izquierda ya ha traspasado ampliamente los límites de lo que la conciencia política más laxa puede considerar tolerable, rompiendo el consenso sobre el que todos los sistemas democráticos descansan y que, desde la transición, los principales partidos habían respetado: la erradicación de la violencia como arma política.
Del mismo modo que los compañeros de Ulises se perdieron en la tempestad cuando destaparon mientras éste dormía el odre de los vientos que le dio Eolo, creyendo que todos se pondrían a su favor para así llegar antes a Ítaca, Zapatero ha abierto el odre que mantenía confinada a la extrema izquierda antisistema apoyada por Llamazares; creyendo que, una vez logrados sus objetivos y arribado al “puerto de la Moncloa”, podría encerrar de nuevo en el odre los vientos políticos desfavorables. Pero en todas las democracias del mundo existen pequeñas minorías –generalmente inferiores al diez por ciento del cuerpo electoral– que anhelan la destrucción del sistema. Y aprovecharán cualquier apoyo y ocasión que les brinde la ceguera de políticos con pocos escrúpulos para envalentonarse e imponerse por métodos violentos y totalitarios al resto de la sociedad por medio del caos y el terror, como de hecho sucede en el País Vasco con ETA-Batasuna.
Dado que ni IU ni el PSOE parecen dispuestos de momento a dejar de sembrar vientos con tal de que la posterior tempestad les lleve más aprisa al poder, la actitud conciliadora del Partido Popular no sólo es inútil sino también contraproducente, tanto para el propio partido como para las libertades, pues los grupos antisistema coordinados por el Foro Social Europeo –del que forman parte destacados miembros de Izquierda Unida– la interpretarán como un gesto de debilidad y como un signo de que están ganando la batalla. Únicamente después de más de 120 agresiones hacia cargos, candidatos y sedes del PP, un Aznar más pendiente de su retiro político y de pasar a la Historia como el mejor jefe de Gobierno desde la transición –justo es reconocer que méritos no le faltan– se decidió a denunciar con cierta energía en el Congreso la responsabilidad que Zapatero y Llamazares comparten por esos actos delictivos.
Pero el centrismo y el eterno complejo de inferioridad de la Derecha –siempre suplicando a la Izquierda patentes de legitimidad y progresismo que no necesita– le han impedido hasta ahora al PP reprimir con la ley en la mano los excesos que la Izquierda practica contra sus militantes con el pretexto de la oposición a la guerra. La gravedad de lo sucedido en los últimos días es un indicio de que en esta guerra de los “pacifistas” contra el Gobierno no están tanto en juego la política exterior, las elecciones municipales o las generales como la conservación de las libertades e instituciones democráticas más elementales, que tanto han costado ganar y que tan poco cuesta perder. Para el PP, y para las instituciones democráticas, no es hora de “poner la otra mejilla” sino de poner en conocimiento de la Justicia los nombres de quienes siembran vientos totalitarios en la vida política española.
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