Sería difícil dilucidar si el grupo Prisa –especialmente el diario El País y la Cadena Ser– es el “brazo mediático” del PSOE, o si, más bien, es el PSOE el “brazo político” de Prisa. Habría que inclinarse por la segunda opción si se tiene en cuenta que quienes dentro del partido socialista se han atrevido a “desobedecer las directrices” han sido objeto de campañas de acoso y desprestigio por parte de los medios de Polanco; como las que sufrieron, por ejemplo, Nicolás Redondo Terreros, quien tuvo que abandonar el liderazgo del PSE, o el propio José Luis Rodríguez Zapatero hasta que renunció a su proyecto de oposición serena y responsable para adoptar el estilo bronco y demagógico de González. Pero de lo que no cabe duda es de que las opiniones vertidas en El País y la Cadena Ser sobre las principales cuestiones de la política nacional son poco menos que la crónica anunciada de las posiciones que después adopta el PSOE o la justificación a posteriori de los actos o los discursos de sus líderes.
En principio, y salvo episodios como la mendaz y a veces rastrera campaña de descalificación dirigida contra Redondo Terreros, es preciso señalar que El País y la Cadena Ser están en su pleno derecho de apoyar o criticar a los líderes que crean oportuno, de defender la línea política del partido que estimen conveniente e incluso de marcarle esa línea, si es que los líderes de ese partido se lo permiten. Sin embargo, lo que cabría esperar de un medio de comunicación que se diga objetivo, comprometido con el Estado de Derecho y con los valores democráticos es, precisamente, un mínimo de objetividad y de compromiso con la defensa de la legalidad y de esos valores; independientemente de cual sea la orilla política más cercana a sus convicciones o su línea editorial. Pues, de otro modo, pierde la categoría de medio de comunicación para convertirse en órgano de propaganda al servicio de un partido político.
La extrema gravedad de los sucesos de los últimos días es una de esas ocasiones en que los verdaderos medios de comunicación deben dejar a un lado sus particulares preferencias políticas para defender las libertades de las que, precisamente, depende la prensa libre; tan difíciles de ganar y al mismo tiempo tan frágiles. Los reiterados ataques a los cargos, candidatos y sedes del PP, que ya han superado el estadio del acoso y del insulto para entrar de lleno en la coacción, las amenazas y las agresiones físicas, exigen una defensa incondicional, no del partido al que pertenecen o de su línea política, sino de la libertad de ese partido y de sus militantes –que hoy representa a la mayoría de los españoles– para expresar sus opiniones y presentar sus programas sin que por ello tengan que poner en peligro su dignidad ni su integridad física.
Culpar, como hace El País, al Gobierno de provocar con su apoyo a la guerra contra el régimen de Sadam las manifestaciones violentas y los ataques a sus sedes y militantes y, al mismo tiempo, exigirle responsabilidades por la supuesta saña en la represión de “pacíficas manifestaciones” que tanto se asemejan a los episodios de terrorismo callejero hace poco habituales en el País Vasco, es una infamia indigna, no sólo ya de un medio de comunicación respetable, sino de un órgano de propaganda de un partido mínimamente democrático. Que Izquierda Unida –de la que Libertad Digital ha demostrado su implicación en el ataque contra el servidor web del Partido Popular– y el PSOE apoyen por acción u omisión los métodos violentos que la extrema izquierda totalitaria emplea contra el Partido Popular dice muy poco a favor de las convicciones democráticas de estos partidos y mucho respecto de su indisimulada ansia de, como dijo Aznar, “expulsar al PP de la pista a cualquier precio”. Pero que el principal grupo de comunicación de España dé la razón a Llamazares y Zapatero y justifique o exculpe a los “pacifistas” violentos, centrándose en recriminar al Gobierno los supuestos excesos policiales, no es sino alentar a la extrema izquierda para que cometa más desmanes y más atentados contra la libertad de expresión de los populares; cuando lo lógico sería que, por su condición de medios de comunicación, El País y la Cadena Ser estuvieran en la primera línea de defensa de esa libertad.
Sin embargo, ha podido más el tradicional sectarismo jacobino de los medios de Polanco contra la Derecha y todo lo que ésta representa –especialmente la reivindicación de la religión, la historia y la unidad de España– que su deber moral de defender las libertades democráticas, sea quien sea el que padezca su vulneración. Con esta actitud, no cabe duda de que Polanco se convierte en responsable indirecto de las futuras agresiones que sufra el PP a manos de una extrema izquierda envalentonada y, nos tememos, ya difícilmente controlable; a no ser que el Gobierno se decida a denunciar con toda firmeza a sus responsables e instigadores, muchos de ellos ocultos tras las siglas de IU y del PSOE.
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