Un rasgo típico que comparten todos los totalitarios es la convicción de que su particular credo ideológico les legitima para ponerse por encima de las leyes emanadas de un Estado de Derecho democrático; o lo que en definitiva es lo mismo: el fin justifica los medios. Para los comunistas, las leyes no son más que la plasmación de la superestructura que aliena a la clase obrera y permite su explotación por parte de los burgueses. Para los nazis, las leyes son el obstáculo impuesto por los débiles y los degenerados al justo e inexorable dominio de la raza superior. Y para los nacionalistas, las leyes sólo son dignas de respeto en la medida en que contribuyan a la realización de su utopía excluyente, donde no tienen cabida quienes tengan sensibilidades y horizontes más amplios que los de la tribu.
El PNV y EA acataron las leyes –y aparentaron distanciarse de quienes no respetan, no ya sólo las leyes, sino ni siquiera los derechos humanos más elementales– mientras éstas les servían para ir recorriendo el camino que lleva a la secesión y a la utopía tribal totalitaria. Una vez que, a su entender, las leyes ya no les permitieron seguir adelante por ese camino, decidieron quitarse la careta de moderación –que les permitió servirse de las garantías del Estado de Derecho– para aliarse con ETA-Batasuna en Estella, con la que comparten fines políticos y de cuyos “métodos” siempre se han beneficiado.
Desde entonces, y especialmente desde mayo de 2001, los desplantes y las amenazas del nacionalismo vasco de saltarse las leyes y la Constitución a la torera –ellos hablan de “superar el actual marco legal”– se han venido sucediendo sin solución de continuidad; hasta desembocar el proyecto de Ibarretxe de “estado asociado” a España –la secesión “de facto”, a la que poco después seguiría la “de iure”. Sin embargo, el cierre de Egunkaria y la ilegalización de Batasuna –llevada a cabo con todas las garantías legales posibles, incluido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional– ha obligado a los nacionalistas a desprenderse de las últimas apariencias de moderación que todavía conservaban para radicalizar su discurso y lanzarse a apuntalar a sus aliados estratégicos del entorno etarra.
Sucedió con Marcelo Otamendi –el director de Egunkaria–, a quien apoyaron en sus falsas denuncias de torturas. Y ha vuelto a suceder el miércoles con motivo de la ilegalización de Batasuna, confirmada en sentencia firme por el Tribunal Supremo hace unos días. Joseba Egibar, el portavoz del PNV y maestro de ceremonias del pacto de Estella, propuso a Arnaldo Otegi, líder de una formación política ya ilegal, un “plante conjunto” al Estado de Derecho... con el único requisito (retórico, naturalmente) de que Batasuna se desmarque de ETA.
Es decir, Joseba Egibar propone a Otegi hacer caso omiso de la legalidad de la que emanan su acta de diputado autonómico y la legitimidad del gobierno del que forma parte su partido, el cual se niega a aplicar en la cámara vasca la sentencia del Supremo que ilegaliza Batasuna. Y para mayor escarnio de la Justicia y la legalidad, lo hizo durante el debate de una moción del grupo “Socialistas Abertzales” (Batasuna) –del que los parlamentarios del PP se ausentaron como protesta por la osadía de Atutxa de permitir que una formación ilegal pueda seguir presentando mociones– donde pedían que el Departamento de Interior vasco interrumpiera las relaciones con el Ministerio y que el Gobierno vasco iniciara un diálogo con Batasuna, “reconociendo que es legal en el País Vasco”. Por si no fuera poco, Rafael Larreina, el portavoz de EA –socio de gobierno del PNV junto con Izquierda Unida– ha ofrecido a Otegi “compartir lista” electoral con él en las próximas elecciones municipales siempre y cuando Batasuna declare (de nuevo la retórica) que está en contra de la violación de los derechos humanos –cuya comisión en el Parlamento vasco, por cierto, fue presidida en la pasada legislatura por Josu Ternera, el directivo etarra prófugo de la Justicia.
No cabe duda de que los nacionalistas, con su actitud de ruptura institucional, buscan provocar una reacción firme del Gobierno –por ejemplo, la suspensión del Estatuto de Autonomía– que puedan emplear después como excusa de cara a su parroquia para declararse en rebeldía contra el Estado. Trasladada al ámbito político, la táctica del PNV-EA es la misma que la de los grupos terroristas: perpetrar masacres (políticas en este caso) para provocar la represión del Gobierno y después poder presentarse como víctimas de la intransigencia con derecho a defenderse y a tomar represalias.
Es precisamente para estos casos que está previsto el Art. 155 de la Constitución (la suspensión del Estatuto de Autonomía). Es cierto que aplicarlo en las circunstancias actuales (el nacionalismo, incluido el proetarra, alcanza una cuota electoral superior al 50 por ciento) conllevaría muy graves riesgos políticos. Pero, no es menos cierto que el Gobierno no puede cruzarse de brazos viendo cómo se vulneran las leyes y las resoluciones judiciales y cómo se hace burla del Estado de Derecho.
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