Cuando el Uruguay retornó a la democracia en 1985, inmediatamente fueron amnistiados los tupamaros. No tardaron en intentar subirse al mismo ómnibus los presos por delitos comunes... ya que estábamos, también ellos querían salir en libertad. Y luego se comenzó a trabajar en una ley para amnistiar a los militares y policías, la que debió ser sometida a plebiscito, tras tensas campañas en pro y en contra, que enfrentaron otra vez a los uruguayos, es decir, a los que estaban de acuerdo con la ley de caducidad punitiva del Estado y los que no. Finalmente, fue aprobada por el pueblo uruguayo. Y punto final.
Pero no tanto. Ahora, el gobierno del Uruguay está trabajando en un proyecto de ley que incluya en esa amnistía a los civiles que puedan ser denunciados por violaciones a los derechos humanos en los tiempos de la dictadura. Algunas figuras de primer nivel del gobernante Partido Colorado sostienen que ello no es necesario, ya la ley de caducidad plebiscitada amnistió el delito y no a las personas, sean militares o civiles. Lo que se busca, de todas maneras, es una medida legislativa que respete el “espíritu de pacificación”, ha dicho el gobierno, respetando asimismo los compromisos asumidos por el Uruguay internacionalmente por parte del Parlamento, a través de una ley interpretativa.
El vicepresidente, Hierro López, ha iniciado conversaciones con altos dirigentes de los partidos políticos. Ha encontrando eco favorable en el ex presidente uruguayo y presidente del Partido Blanco, Luis Alberto Lacalle, en tanto se han expresado en contra organizaciones de la izquierda.
Estas medidas han sido activadas a raíz del procesamiento de quien fuera (tras haberse desempeñado como senador en el pasado período) canciller en tiempos del gobierno de facto, Juan Carlos Blanco, por el delito de privación de libertad, como coautor de la desaparición de la maestra Elena Quinteros, secuestrada en tiempos de la dictadura de la embajada de Venezuela en Uruguay, y a quien, extraoficialmente, la Comisión para la Paz habría dado muerta, comunicándoselo a su madre. Con respecto a este caso, se aguarda para esta semana el informe final de esta Comisión para la Paz (integrada por representantes de todos los partidos y presidida por el Obispo de Montevideo), designada por el presidente Batlle, poco después de asumir, en agosto de 2000. El Estado uruguayo, según establece ese informe, se hará responsable de las muertes de los ciudadanos desaparecidos que comprobó. De este informe se desprende, asimismo, la necesidad de reformar el Código Civil en relación a la situación de los desaparecidos.
Las elecciones argentinas se acercan pasos acelerados. El presidente Duhalde ha señalado que serán dos peronistas los que pasarán a la segunda vuelta. Vale la pena repasar, de todos modos, algunas frases de los candidatos justicialistas, pronunciadas por estos días. El ex presidente Carlos Menem ha dicho que, en caso de ganar las elecciones, le acompañará un nuevo equipo de gobierno: “caras y equipos nuevos para sacarnos del pozo”; y, entre otras cosas, prometió becas de 30 a 50 pesos a escolares y estudiantes de 5 a 16 años.
No se ha quedado atrás en promesas Néstor Kirschner, otro de los candidatos justicialistas; ha dicho que creará cinco millones de puestos de trabajo mediante el sistema de obras públicas en todo el país. Superó largamente, así, a Rodríguez Sáa, tercer candidato justicialista, quien como se recordará, en su fugaz presidencia tras la renuncia de Fernando de la Rúa, había prometido un (modesto) millón de empleos mediante mecanismos más o menos parecidos.
Se especula con que López Murphy recogerá muchas adhesiones; no solamente porque es un candidato serio, sino, también, por extrañas estrategias justicialistas que, en el fondo, buscan que Menen no llegue al ballotage. Si bien nadie me lo ha pedido, y es toda una temeridad, mirando las cosas desde el Uruguay me atrevo a decirles que Menem pasará a la segunda vuelta. Veremos qué ocurre. Faltan pocos días.
Amnistía a civiles y recta final
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