El balance de la gestión de Ruiz Gallardón al frente del Ejecutivo madrileño, en el marco de las condiciones favorables creadas por el gobierno de Aznar, es sin duda uno de los más positivos entre los diecisiete gobiernos autonómicos. La Comunidad de Madrid se ha convertido en la región más próspera de España y en la que más empresas y puestos de trabajo se han creado. En la práctica, Madrid ha alcanzado el pleno empleo y la renta per cápita de los madrileños supera incluso la media europea. Y aun a pesar de la desproporción que existe entre los impuestos recaudados en Madrid y las inversiones públicas que esta comunidad recibe del Estado, la red de servicios públicos de la Comunidad de Madrid, especialmente en lo que concierne al transporte, es probablemente una de las mejores de España.
Evidentemente, no hay que caer en el error de creer que la acción legislativa y reguladora de parlamentos y gobiernos genera por sí misma la prosperidad y el bienestar. Las leyes y los decretos no crean automáticamente la riqueza. Todo lo más que pueden lograr –que, por cierto, no es poco– es crear las condiciones y el entramado legal en que sea posible producir esa riqueza. Sin embargo, una legislación o una acción de gobierno mal concebidas sí que pueden obstaculizar o impedir en gran medida el camino hacia la prosperidad.
La muy ajustada victoria provisional –que salvo sorpresas de última hora es prácticamente definitiva– de la “coalición” PSOE-IU en la Comunidad de Madrid puede significar precisamente el cese de muchas de las condiciones favorables para la creación de riqueza –de la que depende el empleo y el mantenimiento de los servicios públicos– presentes en la etapa de Ruiz Gallardón, quien a partir de ahora regirá el ayuntamiento de la capital. No cabe duda de que cualquier gestión, por buena y acertada que sea, siempre es susceptible de ser mejorada. La vivienda, la seguridad ciudadana, la infraestructura educativa y, como antes hemos señalado, la sanidad eran quizá, comparativamente, los aspectos menos brillantes de la gestión de Ruiz Gallardón, que Esperanza Aguirre prometió mejorar si llegaba a la presidencia. Aunque hay que decir, no obstante, que Gallardón se centró en dotar a Madrid de infraestructuras viarias y de transporte para asegurar lo más importante: el crecimiento de la región a medio plazo. Justo lo contrario, por cierto, de lo que hizo su antecesor, inspirado por la falacia del “crecimiento cero” tan en boga en los años ochenta, cuando se creía que la “debacle final” del capitalismo era “inminente”.
Pero tanto Rafael Simancas (PSOE) como Fausto Fernández (IU) están empeñados en arreglar a su gusto algo que ya funciona bastante bien con herramientas y recambios que han probado en infinidad de ocasiones su ineficacia y, lo que es peor, su potencial destructivo. Ambos líderes, que casi con toda probabilidad gobernarán conjuntamente la autonomía madrileña, coinciden en devolver el protagonismo al poder político y a la burocracia, restándoselo al mercado, a la iniciativa privada y al ámbito de decisión individual. Las ONG, los grupos de presión organizados de ideología “progresista” –como los actores y directores de cine– y, especialmente, los grupos ecologistas serán los principales beneficiarios de las políticas y las subvenciones de la izquierda madrileña.
El “desarrollo sostenible” preconizado por los ecologistas y apoyado en la necesidad de evitar presuntas e “inminentes” catástrofes ecológicas se dirigirá preferentemente a la imposición de nuevas multas y tasas (como la Balear) a toda industria y vehículo contaminante, así como a frenar la construcción de nuevas viviendas y, en general, a paralizar el crecimiento y expansión de la ciudad de Madrid. La clásica aspiración de la “redistribución” de la renta tendrá su manifestación más clara (como propone Izquierda Unida) en una subida de impuestos en el tramo autonómico del IRPF, en la conservación y endurecimiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en la jornada de 35 horas, que tan nefastos resultados ha tenido en Francia.
Y la otra aspiración clásica de la izquierda, la supresión total de la enseñanza privada para dirigir desde la enseñanza pública el adoctrinamiento colectivo, tomará la forma de la congelación de los conciertos –no hay que olvidar que son los preferidos por los madrileños– y la creación de nuevas centros educativos públicos que sustituyan a los privados concertados. Ya en la vertiente histriónica, tanto Simancas como Fernández son partidarios –el primero firmó un “contrato electoral” con la asociación gay “Triángulo”– de la equiparación legal de todas las parejas de hecho, incluidas las de homosexuales, con el matrimonio; así como la propuesta de introducir en la cobertura de la Seguridad Social las operaciones de cambio de sexo.
Fausto Fernández ya ha puesto precio a su apoyo al PSOE –las consejerías de Sanidad y Vivienda y la gestión de la mitad del presupuesto madrileño (6.000 millones de euros de un total de 12.000), y éste es realmente oneroso. Pero sea cual sea la decisión final de Simancas, no cabe duda de que durante la próxima legislatura autonómica tendremos un gobierno comprometido con la destrucción de casi todo lo que Gallardón había construido y mantenido –excepto, naturalmente, las obras públicas y el Metro.
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