Las leves sanciones de la Unión Europea al régimen cubano por su brutal represión de la disidencia, no parecen haberle sentado muy bien uno de los escasos tiranos estalinistas que quedan en el mundo. A Castro, acostumbrado al trato de mimo y deferencia que reciben las especies en peligro de extinción y que le dispensan la “progresía” totalitaria de Iberoamérica y de España –donde también se incluyen los nacionalistas vascos aunque no sean de izquierdas– y todos aquellos que aspiran a obtener credencial de “progresista”, le produce urticaria que, por una vez, Europa haya reaccionado a la enésima violación de los derechos humanos perpetrada en la Isla-cárcel.
La infinita paciencia de los líderes europeos para con el régimen de Castro –que pretendía aprovechar el fragor mediático de la guerra de Irak para ocultar sus crímenes– parece que, por fin, se ha colmado con el asesinato –camuflado con una farsa judicial que viola las propias “leyes” del régimen– de tres balseros que pretendían huir del “paraíso” socialista caribeño y la reclusión, en condiciones inhumanas, de casi ochenta opositores que se obstinan en que el pueblo cubano emita su juicio en las urnas acerca de los “logros” de la revolución. Aunque, todo hay que decirlo, las sanciones de los Quince de momento, y a la espera de una nueva revisión en diciembre, se limitan a restringir las visitas gubernamentales de alto nivel, a la reducción de la presencia de los estados miembros en los actos culturales y a invitar a disidentes cubanos a las ceremonias organizadas en las embajadas con ocasión de las fiestas nacionales europeas.
La histérica reacción de Castro, que ha amenazado con arremeter contra el Centro Cultural Español en La Habana y que convocó el jueves una macromanifestación contra España e Italia –a sus ojos, los responsables últimos de la postura europea– cuyo número de asistentes ya conocía de antemano el comandante –pues el que no acude a sujetar las pancartas fabricadas por el partido ni a corear sus consignas se retrata inmediatamente como disidente acreedor a cartilla de racionamiento de tercera clase–, demuestra una vez más, si fuera necesario, lo mal que toleran los totalitarios la ausencia de jabón y cepillo político. Y que, reducidos a la impotencia y denunciados sus sofismas y sus crímenes, sólo saben replicar con el insulto: los habaneros que aún no están en la cárcel o en el exilio se vieron obligados a proferir en la manifestación lindezas como “Aznar Führercito o a comparar a Berlusconi con Mussolini.
Es ya tradicional que cuando Castro se siente atacado y humillado someta al sufrido pueblo cubano a discursos televisados de cuatro horas plagados de mentiras, insultos y necedades y que obligue a sus súbditos –bajo amenaza de hambre o represión– a proporcionarle baños de multitudes con los que impresionar a los pocos medios de comunicación occidentales que todavía se creen a pies juntillas las patrañas con las que oculta y justifica sus crímenes.
La brutal represión de los opositores y la airada reacción que ha provocado en el dinosaurio comunista el leve tironcillo de orejas que, de momento, la Unión Europea le ha administrado por ello, es un indicio claro de que Castro es consciente de su cercano final y de que su régimen no le sobrevivirá. Razón de más para intensificar la presión diplomática, las sanciones y el apoyo –no sólo moral– a la disidencia cubana; aunque ello implique, a ojos del régimen castrista, injerirse en los “asuntos internos” del dictador.
Posibilidad que, por cierto, Rodrigo Rato, en uno de sus ataques de “centrismo”, se apresuró a desmentir sin que nadie se lo pidiera. Ya que España, al contrario que Italia, no va a protestar oficialmente por los insultos e injurias de Castro al presidente del Gobierno –que, en realidad, afectan a todo el pueblo español–, lo menos que pueden hacer los miembros del Gobierno como Rato es evitar declaraciones que podrían interpretarse como muestras de moderación y respeto hacia un régimen criminal... aunque pudieran peligrar algunos intereses empresariales que no tienen empacho en beneficiarse de la mano de obra esclava y de las propiedades que Castro robó hace más de cuarenta años a sus legítimos dueños, muchos de ellos españoles.
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