¿Golpismo, dicen?

El Parlamento regional se constituye esta semana con el primer convicto por delitos de corrupción que accede a una Cámara autonómica. Sólo existe un precedente en las instituciones nacionales de la etapa democrática, y su protagonista es el mismo político, el único al que el Senado ha tenido que desaforar para que pudiese juzgársele. Dimas Martín Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y preboste con poderes omnímodos sobre las fuerzas vivas de la pequeña sociedad local, llega a su escaño con las esposas puestas en una mano y la llave para quitárselas, al alcance de la otra. Sobre él pesa una condena a tres años de prisión, por comprar, en 1995, el voto de un concejal del PP en el Ayuntamiento de Arrecife. La sentencia fue confirmada por el Supremo en enero de 2001. Este tribunal argumentó: "Es innegable la existencia de un acto injusto [el cambio de mayoría en el Ayuntamiento de Arrecife, provocado por el voto del concejal tránsfuga], conseguido a través de unas maniobras que repugnan a los principios de justicia, lealtad y buena conducta que deben presidir las relaciones de los representantes con sus representados en una sociedad democrática".

A juego con la moda de resoluciones para no cumplirlas del alto tribunal, Martín no ha llegado a entrar en la cárcel, un sitio que conoce porque ya estuvo en él por extorsionar a un ciudadano alemán con residencia en Teguise, al que cobró 500.000 pesetas a cambio de no derribarle un muro en su propiedad, siendo alcalde del municipio turístico más importante de Lanzarote. El ex senador, tan osado como Gil frente a las instituciones y más lenguaraz que éte, dice que el suyo ha sido "un proceso político". Ha pedido el indulto al Gobierno, argumento que su defensa ha esgrimido hasta ahora para dilatar la entrada en prisión y obtener un sorprendente salvoconducto para presentarse a las Elecciones.

Objetivo cumplido: Don Dimas, como se le conoce reverencialmente en Lanzarote, vuelve a gozar de inmunidad parlamentaria, degenerada ahora en auténtica impunidad. Cualquier delincuente de medio pelo de este país querría para sí unos abogados tan eficaces. Hasta aquí, una historia de corrupción moteada de pintoresquismo subtropical, apenas un punto negro en el incidentario de la Democracia.

Veamos ahora lo que rodea a Don Dimas en el Parlamento y en la política regional. El factótum de Lanzarote ha sellado una alianza con Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) para sostener en el Parlamento el próximo Gobierno. Cada iniciativa de Ley que tome el Ejecutivo presidido por Adán Martín, y del que formarán parte consejeros de CC y de PP, se apoyará en los tres diputados del PIL, entre ellos quien, como quedó probado para el Supremo, sobornó en 1995 al concejal Juan Carlos Hernández con doce millones de pesetas, un salario mensual de 300.000 y un cargo de edil de Tráfico, Policía y Personal, a cambio de que éste se abstuviera en el pleno constituyente y propiciase, así, la investidura como alcalde del candidato patrocinado por Dimas Martín.

CC y PP no han dudado en pactar con este convicto. Los primeros, incluso, han sacrificado a su organización local en Lanzarote y le han entregado la franquicia nacionalista al PIL, conscientes de que no hay quien pueda con Don Dimas en su pequeña finca insular. Los principios nunca le costarán un dolor de cabeza a CC, algunos de cuyos cargos tienen en los tribunales escándalos como la desaparición de 3.000 millones de pesetas para la realización de una escultura de Chillida en Tindaya (Fuerteventura) o como la volatilización de 14.000 millones más del Fondo Social Europeo para la formación continua. La bolsa de 40.000 votos que el padrecito de Lanzarote garantiza acercan a CC un poco más al ideal de un partido de régimen, una suerte de PRI apuntalado por dos fuentes de corrupción: un sistema electoral bochornoso, en el que el voto de una isla vale cinco veces más que el voto del conjunto de la región, y, producto de lo anterior, una red de caciques insulares que explotan el clientelismo y no dudan en seguir métodos criminales para perpetuarse. De CC, no cabe esperar absolutamente nada por la regeneración del sistema, y su alianza con Dimas Martín y con el PIL es un abrazo de lo más natural.

Más grave es la complicidad del PP, un partido que ya recurrió a los favores de Don Dimas en las Elecciones Generales de 2000. En esa ocasión, la Justicia impidió al preboste ser candidato al Senado, así que el PP lo convenció para que el PIL distribuyese las papeletas populares, a través de su extensa red de afiliados, simpatizantes y comisarios políticos, cuya influencia llega al último rincón de Lanzarote. Ahora, los populares no sólo se servirán del voto de Martín en el Parlamento, sino que les darán los suyos en el Cabildo de Lanzarote para investirlo presidente y entregarle el mando pleno y directo de la Isla. Parece que el PP no desea escarmentar de su propios antecedentes con el personaje, cuya relación con José Piqué en el llamado caso Ercros ha investigado la Fiscalía Especial para delitos de corrupción. Se trata, en esencia, de la venta por Ercros, en 1995 (siendo aún presidente de la compañía el actual ministro), de más de un millón de metros cuadrados en Teguise, valorados en 500 millones de pesetas, por sólo cinco, a una empresa fantasma representada por la secretaria particular de Dimas Martín. El compromiso de manos limpias de José Manuel Soria, presidente del PP canario, se acaba de ir por el mismo sumidero donde acaban licuándose algunas sentencias del Supremo. Completa este edificante mural de la Democracia el Partido Socialista, el cual ha pactado con Dimas Martín todo lo que le han dejado en Lanzarote, que no es mucho, porque sus votos en esta isla se cuentan por muy poco y cuentan aún menos.

De Dimas Martín y sus cohechos probados, comentó el 15 de enero de 2001 el Tribunal Supremo: “En un sistema democrático no hay espacio posible para la corrupción”. Puede que en una verdadera democracia no haya sitio para políticos corruptos, y que sobre ellos caiga la ley, se cumplan las condenas y se haga el vacío social a su alrededor. Puede que eso sea así en un sistema democrático, como dice el Supremo. Pero esto es Canarias.

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