Espionaje político, la verdadera "trama"

Como ya hemos señalado otras veces, la notoria irregularidad con que el PSOE obtuvo las “pruebas” de la “trama” a través del listado de llamadas del teléfono de Tamayo, las habría hecho nulas ante un tribunal. Una cosa es que el PSOE pagara el móvil de Tamayo, y otra muy distinta que ello faculte a los responsables de la FSM para violar el derecho constitucional a la intimidad y al secreto de las comunicaciones filtrando a la prensa el listado de llamadas.

Es más, ocupándose previamente de “completar” la información del listado con los titulares de los teléfonos a los que llamaba Tamayo... una posibilidad que, salvo que en la FSM o en la Cadena Ser se tomaran el trabajo de llamar uno por uno a los interlocutores de Tamayo preguntándoles por su nombre y filiación política –cosa harto improbable–, arroja muy fundadas sospechas de que bien el PSOE o la Cadena Ser obtuvieron ilegalmente los nombres que correspondían a las llamadas de Tamayo. Con El Mundo sucede algo análogo: a no ser que José Esteban Verdes facilitara voluntariamente su listado de llamadas a ese diario, y anotara al lado de cada número de teléfono el nombre de su titular, el diario de Pedro J. también obtuvo ilegalmente la información sobre la “trama” en la que después el PSOE se apoyaría para los interrogatorios de la Comisión de Investigación.

Y todo ello, además, para no llegar a ninguna prueba concluyente, ni siquiera a indicios racionales –como ya estableció el TSJ de Madrid–, de la supuesta trama inmobiliaria organizada por el PP que, según el PSOE, estaría detrás de la rebelión de Tamayo y Sáez. Todo indica que la tesis de la “trama” fue ideada el mismo día 10 de junio en medio de un comprensible acceso de cólera de la cúpula de la FSM, liderada por Simancas y Ruth Porta. Y que, después, el PSOE y su prensa afín han intentado ir vistiendo lo mejor que han podido esa hipótesis inicial a partir de lo que tenían más a mano: el listado de llamadas del móvil de Tamayo. El hecho, reconocido por Pablo González, el directivo de Telefónica Móviles que compareció ante la Comisión, de que dos empleados de esa compañía obtuvieron indebidamente los listados de llamadas de Tamayo y de Verdes, arroja muy graves sospechas sobre el PSOE e IU, que se han apoyado sistemáticamente en la información obtenida y probablemente filtrada por esos ya ex empleados de Telefónica al PSOE y a los medios de comunicación.

Sin embargo, quizá lo más grave es que, como también reveló Pablo González, los móviles del PP regional de Madrid –al menos 20 teléfonos–, también fueron objeto de la “curiosidad” de esos dos empleados, dato que se desconocía antes de la comparecencia del responsable de Telefónica Móviles. A estas horas, los listados de llamadas de la plana mayor del PP madrileño también podrían hallarse en poder de PSOE-IU o de algún medio de comunicación. Y si aún no han sido utilizados para engordar la “trama”, probablemente es porque algún partido político o algún medio de comunicación tendría que admitir abiertamente que ha espiado al PP en un vergonzoso remedo del caso Watergate, que costó al presidente Nixon su cargo.

Como señaló Gabriel Cisneros, secretario general del Grupo Popular en el Congreso, ni Zapatero ni Llamazares han expresado la menor condena o desautorización de estos hechos, cuya gravedad relega a la “trama” a mero divertimento o travesura pueril. Es más, no han tenido reparos en usar información obtenida ilegítimamente para sustentar su argumentación. Tal vez sea porque esperaban que algún medio de comunicación acabara filtrando los listados de llamadas del PP, poniéndolos en conexión directa con la “trama” –como hizo El Mundo con el de Verdes– y ahorrándoles así el trabajo de investigación que PSOE-IU son incapaces de realizar –más que por otra cosa, por falta de pruebas– y que tanto demandan a la Fiscalía. Sin embargo, ahora que la Fiscalía ha decidido investigar el espionaje telefónico y que el PP ejercerá la acusación particular, no parece probable que esos listados vayan a salir a la luz.

Pero, como señaló Arenas, una cosa es indudable: los responsables políticos de estos graves delitos son Zapatero y Llamazares, quienes aprobaron y alentaron la utilización de los listados obtenidos ilegalmente. Queda por confirmar si también lo son del espionaje telefónico al PP; algo que, indirectamente, tendrá que determinar la Justicia.

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