El lamentable espectáculo ofrecido este lunes por la Comisión de investigación del 11-M será, ciertamente, difícil de superar. Resulta patético ver el grado de incompetencia que el teniente coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga asegura haber alcanzado, con tal de hacernos creer que su superior, el recientemente ascendido a general por el Gobierno socialista, Pedro Laguna, ignoraba una información de tanto valor como la de que un imputado en el 11-M, Suárez Trashorras, ya buscaba en el verano de 2001, “quien supiera montar bombas con teléfonos móviles”.
Hasta la persona más privada del más elemental olfato policial y más ajena a las vicisitudes que conlleva una labor de investigación es capaz de alarmarse y reconocer de inmediato la inmensa trascendencia que supone una información como la que quedó grabada en la cinta de cuya existencia y de cuyo contenido el teniente coronel no sólo no informó al juez, sino que ahora pretende hacernos creer que guardó en un cajón sin informar tampoco de su existencia ni de su contenido a su entonces superior, Pedro Laguna. De ser cierto lo que nos asegura Bolinaga, lo que este teniente coronel merece no es ya una mera destitución de destino como la llevada a cabo por el ministro Alonso, sino la inmediata retirada del servicio, por su insuperable, confesa e increíble incompetencia, todo ello junto a una investigación que confirme, como diría Santo Tomás de Aquino, que “la estupidez es su único pecado”.
Bolinaga, tras su declaración de este lunes, ya merecería su expulsión aun en el hipotético caso de que un errado sentido de la lealtad —que arrasa al del honor— fuera el que le hubiera llevado a asumir ante la comisión de investigación como propia una incompetencia no cometida al afirmar que no informó del contenido de la cinta a sus superiores.
En cualquier caso, ¿nos podría citar Bolinaga alguna información que haya transmitido alguna vez a sus superiores que supere en importancia a la que contenía aquella grabación de la que dice no haber informado a Laguna por no apreciar en ella el suficiente “valor policial o judicial”?
Lo cierto es que hasta la Fiscalía General del Estado —que hace meses ya mostraba sus prisas por cerrar el caso— no ha tenido más remedio que tomar cartas en el asunto y ha abierto diligencias en torno a la ocultación de pruebas a la Justicia y los mandos de la Guardia Civil en Asturias.
Laguna por su parte, además de decir que se informó hace unos días por la prensa de la existencia y del contenido de la cinta, ha hecho unas declaraciones que dejan en evidencia las efectuadas por el coronel Félix Hernando, y que aseguran ahora que la UCO remitió una segunda nota a la Comandancia de Oviedo en la que se advertía que quedaban demostradas las conexiones de la trama asturiana con “mafias organizadas” de ámbito nacional.
Si queda, pues, en evidencia que alguien ha mentido en sus comparecencias ante la comisión, no menos de manifiesto han quedado nuevamente las labores obstruccionistas del PSOE y sus socios para que se sepa toda la verdad y que se enfrenten las contradicciones.