En lugar de poner cuarenta kilos de explosivo, de avisar a Gara de la colocación del coche-bomba y de herir a un policía autonómico, ETA podría haber puesto 400 kilos de explosivo —tiene a su disposición bastantes más—, no avisar de su colocación y haber provocado una matanza con decenas de víctimas mortales. ETA podría haber hecho esto último, como podría, en su lugar, haber anunciado ya una de esas treguas que la banda destina a comprobar qué es lo que está dispuesto a ofrecerle el Gobierno a cambio de que deje definitivamente de matar.
Lo que debería estar claro, tal y como decíamos hace escasamente dos días a propósito de una hipotética tregua, no es sólo lo errado de creer “que estamos en escenarios a los que aún ni siquiera hemos llegado”, sino en contemplar la posibilidad de que la línea antiterrorista marcada por el Estado de Derecho y el Gobierno varíe en función de los escenarios a los que ETA nos pueda hacer llegar.
Si el pasado fin de semana Zapatero ya dio muestras anticipadas de ese síndrome de Estocolmo que, en mayor o menor medida, ha afectado a todos los gobiernos bajo los que se ha producido una tregua terrorista, más criticable es todavía que su ministro Jordi Sevilla, tras este último atentado, diga que “con este tipo de ruido no se va a ninguna parte; que dejen las armas y se puede seguir negociando”.
En esa línea, pero con mayor desfachatez, se ha pronunciado el consejero de Interior vasco, para quien ETA pretende "dinamitar cualquier proceso que esté abierto". Si ETA hubiera querido dinamitar eso que Balza llama “proceso” no hubiera respaldado el plan Ibarretxe en el Parlamento Vasco. Lo que ETA pretende, por una parte, es dejar claro que no va a renunciar a su tutela sobre el resto de los nacionalistas en su común objetivo independentista, y a señalar, por otra parte, al Gobierno que está dispuesto a pedir un alto precio por “su” paz.
Balza además —como si de un terrorista desesperado, en lugar de un consejero de Interior, se tratara— dice que “la vía de la violencia no nos lleva a ninguna parte”; algo que si, por una parte, muestra su nihilismo moral a la hora de analizar el crimen desde el punto exclusivo de su utilidad política, por otra, soslaya el hecho de que los nacionalistas respaldan la financiación y representación política de los terroristas. Eso, por no hablar de las “tortas” y de la disposición de Ibarretxe a saltarse la ley con tal de hacer realidad aquello por lo que terroristas llevan asesinando desde hace décadas.