La impresión más perdurable que deja el último libro de Pío Moa Contra la balcanización de España es esta invitación o incitación de su último párrafo: “Son los demócratas quienes deben salir de la pasividad (...) y formar un movimiento que haga entender a políticos y partidos su firme decisión de no aceptar el modelo balcánico, de no ceder un paso más en estos principios: la unidad de España y la democracia. No hacen falta líderes ni cargos, basta con que los ciudadanos conscientes entiendan cuál es su deber y lo cumplan en la medida de sus fuerzas, que son muchas cuando uno deja de estar desorientado y aislado.”
Final que se clava como una espada porque alude a un impulso civil ajeno a los partidos, una presión externa a la clase política ante peligros reales. Sin disentir apenas de las tesis de Moa, creo que existe un modo de evitar la conclusión. No porque la movilización ciudadana sea en sí inadmisible, sino porque constituye el último recurso, la aceptación fatal de que el arco político es incapaz de responder a los abusos del gobierno de Zapatero. ¿Cuál es entonces la vía? La firmeza inequívoca del Partido Popular en la defensa sin complejos de la libertad y de España.
La desorientación y el aislamiento a los que alude Moa resultan de las insuficiencias del Partido Popular a la hora de enfrentarse a los desafíos. Es cierto que, con ocasión de la burla a la ley de partidos y del pacto contra el terrorismo, Rajoy ha sido contundente en la denuncia. Y también que su actitud ante la comisión del 11-M ha terminado siendo impecable a pesar de la consigna inicial de no mirar atrás. Pero no es menos cierto que sus diez millones de votantes han tenido en el último año muchos motivos para sentirse aislados y desorientados.
No es cuestión de hostigar al PP cuando lo está haciendo bien, sino de pedirle garantías de que no volverá a caer en el atolondramiento. Las “pájaras” del líder y la distancia que sus asesores le marcan respecto a su gente pueden ser fatales para la salud de la democracia. Por eso hay algo que el PP debería hacer pronto: proclamar su inamovible decisión de derogar, cuando llegue al poder –sea dentro de tres o de siete años– todas aquellas medidas radicales que los socialistas han aprobado por decretazo y/o con el objetivo de agredir a una parte del país por razón de sus creencias: la LOE, el disparate hidrológico, el matrimonio homosexual y el sistema de mayorías en la justicia, para empezar. También cualquier cambio en la organización territorial que no se base en el consenso.
