Lamentablemente, el actual gobierno de Guatemala pasará a la historia como el que paró las adopciones, el que privó a los niños abandonados y huérfanos de las oportunidades que les ofrecían hogares en países desarrollados de un vida digna, condenándolos a la miseria.
Esto ya es un hecho y no una probabilidad, pues con el sólo anuncio de la nueva Ley de Adopciones éstas se han paralizado, en la misma forma que UNICEF logró hacerlo en otros países, donde ingenuamente le hicieron caso a su piadosa pero destructora retórica. ¿Qué perseguirán?
Imagínese el escenario: una familia de Estados Unidos, Canadá o de algún país europeo quiere adoptar un bebé abandonado. Llega a Guatemala y va a la oficina “única” del gobierno para averiguar cómo se lleva a cabo la adopción. Ni la madre natural del niño ni los padres adoptantes tendrán mucho que decir al respecto, pues será el burócrata de turno quien determinará quién adopta y a cuál niño se adopta.
Es cierto que hoy se cobra por gestionar adopciones, pues implica la reposición de los gastos incurridos en cuidar niños abandonados, su alimentación, vestimenta, medicinas, educación escolar y demás gastos, más una remuneración que justifique dedicarse a ese bonito trabajo. Quienes no entienden el proceso lo llaman despectivamente “el negocio de las adopciones” y, claro, es un “negocio” deseado por quienes adoptan, pues están dispuestos a remunerar a quienes les permiten conseguir a un niño, quien siempre será el principal beneficiado.
La notoria UNICEF, que es una de las entidades de las Naciones Unidas de honestidad cuestionable, se ha convertido en rectora del proceso y para justificarse ha regado una serie de historias de horror. Una dosis de verdad tendrán, pero da que pensar que cuando se estableció el requerimiento de demostrar paternidad con la prueba de ADN y perdió credibilidad la especie de que se estaba traficando con niños robados, recurrieron a otras historietas de actos que por ya estar prohibidos constituye redundancia al volverlos a prohibir otra vez con la nueva ley –como aquello de robar niños para extraerles órganos, procedimiento complicadísimo que requeriría complicidad de médicos y hospitales en el extranjero o el de usar mujeres para “alquilar sus vientres”– y otras dantescas historias de actos reprobables que, además, ya están todos prohibidos. Lo que da curiosidad es ¿qué motivación tendrán esas mentes para desnaturalizar el proceso de adopción, que corresponde al derecho privado y, por la fuerza, convertirlo en derecho público, arrebatando la patria potestad a los padres de los niños?
Ya lo veo venir: primero, los burócratas dirán a quienes quieren adoptar que el asunto es difícil porque hay una larga cola. Luego, que tienen el deseo de ayudar, pero que eso implica romper la cola, explicando de inmediato que todo tiene arreglo. Y ya sabemos lo que sigue: “hablando claro, fíjese que quien está adelante en la cola ofrece mucho dinero y naturalmente que darle prioridad a usted significaría una pérdida. Sin embargo, si usted es generoso, estoy seguro que podré persuadir al jefe y, en último caso, yo me encargo de adelantar su expediente, sin que se den cuenta. Debo contarle que lo que pasa es que debido a las nuevas normas, se ha establecido una especie de subasta humana y el precio de los niños ha subido”.
