La simple firma de unos políticos puede lograr que un terreno que no vale nada alcance precios astronómicos, al estar en su mano la decisión sobre si se podrá o no edificar en él, y cuánto. No es necesario aplicar nada más que el sentido común para darse cuenta de las inevitables consecuencias del poder que las leyes del suelo ponen en manos de alcaldes y concejales de urbanismo. Como dijo en su día el cómico norteamericano P. J. O'Rourke, "si las leyes deciden qué se puede comprar y qué se puede vender, lo primero que se compra y vende son los legisladores".
El socialismo aplicado al mercado del suelo tiene, claro está, otras muchas consecuencias negativas. Se ha repetido hasta la saciedad que el principal factor del precio de la vivienda, que a veces llega hasta la mitad, es el suelo. La fórmula más adecuada para paliar el alto coste de la vivienda en propiedad sería declarar urbanizable todo el suelo disponible que no posea un interés ecológico o paisajístico especial. Esa medida apartaría la recalificación de terrenos de la arbitrariedad de los políticos municipales y, con él, mucha de la corrupción asociada a los consistorios. No es la "voracidad urbanística", ni ninguna figura retórica semejante, la culpable de esta situación, sino el intervencionismo en el mercado, santo y seña del socialismo de todos los partidos.
En este escenario, Marbella no es una excepción, sino el síntoma más claro de este cáncer. Gil llegó al ayuntamiento prometiendo mejoras para los vecinos, medidas que pudo financiar gracias a la recalificación del suelo. Los vecinos lo mantuvieron porque, en este caso, no eran ellos quienes pagaban los costes, sino los pocos que podían permitirse los altos precios de los lujosos apartamentos y palacetes. Quienes han tomado el mando después no han hecho más que seguir el mismo modelo.
Que Marbella estaba corrupta de arriba abajo era algo conocido por todos, pero por nadie denunciado. Hasta que, curiosamente, la semana en que se aprobaba en el Parlamento el estatuto catalán, un asunto problemático para la popularidad del gobierno de Zapatero, las portadas de los periódicos y los minutos de los telediarios han estado ocupados con este escándalo local.
A finales de 2004, López Aguilar determinó que Madrid, Baleares, Canarias, Valencia y Málaga eran los lugares donde debía investigarse la corrupción. Zonas cuya principal relación es que no son gobernadas por el PSOE; en casi todas lo hace el PP. La Fiscalía Anticorrupción ha extendido su actividad en ellas, manteniéndose silente en asuntos como el famoso 3%, las condonaciones de créditos de La Caixa al Tripartito, el hundimiento del Carmelo o incluso las denuncias de corrupción contra el mismo ministro de Justicia. Dado ese intenso uso político de la Fiscalía para la búsqueda de réditos electorales, no resulta descabellado pensar que el momento elegido para llevar a cabo las detenciones de Marbella haya sido, también, una decisión política. Del socialismo, tanto en el suelo como en la aplicación de la justicia, sólo cabe esperar siempre lo peor.