Aunque el portavoz del gobierno canario, Miguel Becerra, tenga razón al denunciar la dejadez del Gobierno de Zapatero ante la mayor oleada de inmigrantes ilegales del año, convendría recordar, no obstante, que su formación, Coalición Canaria, brindó en su momento apoyo a la irresponsable regularización masiva de "sin papeles" que llevó a cabo el ministro Caldera. Y eso a pesar de las advertencias, tanto de la oposición del PP como de prácticamente todos los gobiernos europeos, contra la multiplicación del "efecto llamada" que tan previsiblemente tendría semejante iniciativa.
Más lamentable, sin embargo, es que el Gobierno, después de prender ese fuego, se siga manteniendo de manos cruzadas, por mucho que se constate que aquellos augurios de la oposición se han convertido en una triste realidad. Ni siquiera cuando se destapó hace dos meses el escándalo del ocultado informe de la Guardia Civil, en el que se alertaba en diciembre del 2005 de las avalanchas y de la muerte de subsaharianos, el Gobierno hizo nada por atajarlo. Si ya entonces la acción se limitó a buscar una coartada que encubriera su clamorosa pasividad hasta ese momento, el pomposo anuncio de un "gabinete de crisis" ha demostrado ser también excusa de una prolongada pasividad.
Tanto De la Vega como Caldera lo dejan todo para "mañana". Excepto, claro está, lo de presentar su dimisión.
