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EDITORIAL

Garzón y Del Olmo, a la greña por los papeles de ETA

Todos los datos que se van conociendo del caso son escandalosos por separado, pero juntos conforman un monumento a la mentira y la corrupción de Estado en que ha consistido el verdadero "proceso"

Que el llamado "proceso de paz" ha abierto en canal las instituciones y se ha cerrado en falso, por no decir que hay indicios de que preparan en secreto su reanudación, lo demuestra el bochornoso espectáculo de dos jueces de la Audiencia Nacional litigando por ver quién se queda con la investigación de los números de teléfono incautados a los etarras Jon Iurrebaso y Kepa Suárez el pasado 29 de marzo en Francia.

Todos los datos que se van conociendo del caso son escandalosos por separado, pero juntos conforman un monumento a la mentira y la corrupción de Estado en que ha consistido el verdadero "proceso" de José Luis Rodríguez Zapatero con los terroristas.

Iurrebaso y Suárez iban armados en un coche con matrícula falsa, camino de una reunión con emisarios del Gobierno español convocada al día siguiente en Suiza, según declararon a la juez Laurence Le Vert tras ser detenidos. Sólo tres meses antes, ETA había matado a dos obreros ecuatorianos, destrozando de un bombazo el aparcamiento del aeropuerto de Madrid-Barajas. El presidente se resistió a anunciar el fin de las negociaciones, pero finalmente se comprometió a ello ante la opinión pública española. Mintió.

Iurrebaso llevaba encima papeles de la negociación que intentó destruir antes de ser detenido y que ahora obran en poder de la juez francesa Le Vert. Entre estos, una nota con tres números de teléfono: uno le conectaba directamente al número dos del Ministerio francés del Interior, al que los etarras llamaban para gozar del salvoconducto apalabrado previamente por el Gobierno español con el Gobierno francés. Rodríguez Zapatero aseguró en la Tribuna del Congreso, durante el reciente debate sobre el estado de la Nación, que jamás hubo conversaciones tras el atentado contra la T-4 y acusó a Rajoy de insidioso por preguntarlo. El presidente mintió al pueblo español.

Dos de los números de teléfono deben ser investigados ahora por la Audiencia Nacional, a petición de la juez Le Vert, pero se sabe que corresponden a tarjetas pre-pago y los terroristas aseguran que pertenecen a altos cargos del Ministerio del Interior español. ¿Por qué iban a mentir? Rodríguez Zapatero, en cambio, ha dicho una y otra vez, en contra de una lluvia de indicios clamorosos y de aplastantes evidencias, que se rompieron todos los lazos con ETA a partir del 30 de diciembre. Mentira.

Para completar el cuadro, el semanario L’Express publicó en abril que el Gobierno había hecho uso, por primera vez, de una línea telefónica caliente o teléfono de emergencias con el Ministerio del Interior francés para interesarse por la puesta en libertad de Iurrebaso y Suárez, que eran esperados al día siguiente, en Suiza, por los emisarios de Rodríguez Zapatero. Mientras tanto, el presidente español prometía unas elecciones sin ETA en las listas. Mentira sobre mentira.

Se comprende la ansiedad que les ha entrado al Gobierno y a su diario, El País, por evitar a toda costa toda luz adicional e incontrolada sobre este repugnante cúmulo de hechos, apenas un aperitivo de las actas de la negociación que con tanta legitimidad como juicioso interés en la verdad reclama el PP. No tiene sentido que mediadores internacionales, regímenes tiránicos como Cuba y hasta medios de comunicación extranjeros sepan más de esas conversaciones que los españoles.

El Gobierno no está dispuesto a que el caso caiga en cualquier mano, de ahí el denodado pasilleo de la Fiscalía por los despachos de la Audiencia Nacional para que la Comisión Rogatoria de Le Vert sea atendida por Baltasar Garzón y por ningún otro. De ahí, también, que el juez Garzón se haya lanzado a un litigio por esos papeles con otro juez, Juan del Olmo, que acabará en la Sala de lo Penal de la Audiencia, en un vergonzoso espectáculo de división que refleja el estado de las instituciones tras el paso de Zapatero por el Gobierno y estará dejando perplejo al mundo. Con lo que no contaba el Gobierno y su altavoz mediático era con la resistencia del juez Del Olmo a traspasar el caso a Garzón. Que se prepare el que fuera, para el diario gubernamental, el "ejemplar" instructor del 11-M.

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