James Jay Carafano
Ciertamente, los terroristas pueden querer volar en pedazos la escuela de su hijo y decapitarle. Pero nunca olvide que tienen derechos. Y que tendrán incluso alguno más si ciertos miembros del Congreso de Estados Unidos se salen con la suya.
Los legisladores están considerando una ley que daría derechos de hábeas corpus (o sea, la capacidad de cuestionar su detención ante tribunales civiles) a "combatientes enemigos ilegales". Pero el derecho civil nunca ha gobernado la gestión de la guerra y por buenas razones.
La guerra no es igual que la sociedad civil. Al igual que un ejército no puede funcionar eficazmente como democracia ("Bueno, chavales... ¿Cuántos creen que debemos atacar al amanecer?"), tampoco las leyes de la guerra pueden reflejar mecánicamente los cánones de la jurisprudencia civil. Están diseñadas para dar a soldados los medios legales de enfrentar efectiva y humanamente a soldados enemigos, a civiles, y, lo que es muy importante, a combatientes ilegales, aquellos que intencionadamente violan las reglas.
Otorgar a terroristas derechos a los que no tienen derecho no haría del mundo un lugar más seguro y no serviría para ganarnos a la causa ni a nuestros enemigos ni a nuestros críticos. Y lo que es peor, haría que los conflictos armados fueran más peligrosos aún para soldados y civiles.
El marco jurídico actual permite que las fuerzas armadas de Estados Unidos hagan su trabajo sin entorpecer la eficacia militar ni saltarse los estándares del derecho internacional. El Congreso de Estados Unidos no debe minar la capacidad del ejército para detener a combatientes ilegales y, si fuese apropiado, enjuiciarlos por crímenes de guerra.
Los soldados tienen varias responsabilidades igualmente apremiantes en la guerra: llevar a cabo su misión, salvaguardar a los inocentes y proteger a sus compañeros de filas. Estas tareas ya son de por sí muy difíciles. A nuestros guerreros no debería pedírseles además que den a los combatientes ilegales –de manera semejante y con el mismo alcance que en un tribunal civil– el arsenal completo de protecciones civiles otorgadas a los ciudadanos de Estados Unidos por la Constitución (además de las creadas por los jueces desde los años 60).
Por ejemplo, es muy poco realista esperar que los soldados en el campo de batalla recojan pruebas y aseguren la integridad de la cadena de custodia de las mismas. Los soldados norteamericanos se enfrentarían de hecho a una elección de la que es imposible que pudiera salir bien. Por un lado, podrían ganar la guerra, traer a los compañeros soldados de vuelta a casa y proteger a los inocentes. O por el otro, cumplir novedosas normas jurídicas que podrían resultar en la excarcelación prematura de criminales de guerra que regresarían al campo de batalla.
De hecho, conceder derechos legales injustificados pondría en riesgo a soldados y civiles, recompensando así la traición con inmunidad. Los combatientes enemigos ilegales –personas que no se adhieren a las leyes o costumbres tradicionales de la guerra– nunca han tenido derecho al estatus de prisionero de guerra o a las protecciones plenas de las convenciones de Ginebra, y menos aún libre acceso a los tribunales de Estados Unidos. Cuando sólo un lado respeta las reglas en un campo de batalla, es posible que ese lado sufra actos de guerra ilegales de manera desproporcionada.
Y no es que se esté maltratando a los detenidos hoy en día. Las autoridades militares ya están dando a los detenidos en Guantánamo un tratamiento tan bueno o mejor que el que normalmente reciben los prisioneros de guerra que Estados Unidos tiene. La única diferencia verdadera es que los detenidos en Guantánamo pueden ser interrogados para preguntarles algo más que su nombre, rango y número de servicio.
Cambiar el marco jurídico que rige a los combatientes ilegales es simplemente innecesario. El ejército ya cumple con sus obligaciones de tratar justamente a las personas bajo su custodia.
Desde el inicio de las convenciones de Ginebra, ningún país ha dado nunca hábeas corpus automáticamente a los prisioneros de guerra. Además, la Constitución de Estados Unidos no exige tal acción.
El Tribunal Supremo falló en 2004 que, a lo sumo, algunos detenidos estaban cubiertos por un derecho estatutario al hábeas corpus. El tribunal concluía, en otras palabras, que el Congreso había otorgado implícitamente derechos de hábeas corpus a ciertas personas. Sin embargo, la Ley de Comisiones Militares de 2006 revocó ese derecho y, hasta el momento, el Congreso no ha actuado para restablecerlo. Los legisladores no deberían hacerlo ahora.
Imponer procedimientos civiles norteamericanos a la conducción de conflictos armados dañaría la seguridad nacional y haría la lucha más peligrosa para soldados y civiles por igual. El impulso de hacerlo se basa en opiniones equivocadas sobre la Constitución de Estados Unidos, la imagen de Estados Unidos en el extranjero y las realidades de la guerra.
Nuestros enemigos son los que necesitan mejorar su imagen. Deben comenzar por seguir las reglas de la guerra. ¿Qué tal no más emboscadas con dispositivos explosivos improvisados? ¿No más matanzas de civiles? ¿No más de ataques de mortero al azar contra la zona verde de Bagdad?
Dicho en pocas palabras, no hay razón para conceder a nuestros enemigos el acceso a nuestros derechos civiles al mismo tiempo que intentan matarnos de cualquier forma que pueden.
©2007
The Heritage Foundation
* Traducido por Miryam Lindberg
James Jay Carafano es investigador decano especializado en Defensa y Seguridad Nacional de Estados Unidos en la Fundación Heritage y autor del libro "G.I. Ingenuity."