En parte de los Estados europeos, sean éstos confesionales (como Noruega o Dinamarca), aconfesionales (como Bélgica) o laicos (como Francia), se educa en ciudadanía. Si embargo, no existe un modelo común europeo de educación en ciudadanía. Basta con leer el Informe de EURYDICE (Red de Información sobre Educación en Europa) de 2005 titulado La educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo para verificar dos ideas básicas: primera, las amplias divergencias entre los distintos currículos nacionales; y, segunda, las anomalías del currículo español respecto del resto de europeos.
Si atendemos a los factores que configuran el currículo de ciudadanía en los estados europeos (contenido, sistema de evaluación, niveles de implantación, modo de articulación –transversal, parte de otra asignatura o materia independiente–) nos encontramos con que la heterogeneidad es la norma.
En Suiza, a través de Conocimientos cívicos, económicos y jurídicos se enseña, por ejemplo, el funcionamiento del mercado. En República Checa, Polonia, Eslovaquia y Rumania, el patriotismo figura como un valor que los ciudadanos responsables han de adoptar (algo impensable en España con el Gobierno socialista actual).
No hay tampoco un método común de evaluación. Así, en la mayoría de los países no se evalúa la materia (a diferencia del sistema español instaurado por los Decretos 1513 y 1631 de 2006). Tampoco está presente en todos los niveles de la educación (en Europa solo es obligatoria en Primaria en Rumania y la comunidad alemana de Bélgica).
En definitiva, el Gobierno español ha rehecho de facto y a medida el contenido de la Recomendación de 16 de octubre 2002 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre educación para la ciudadanía democrática, al apelar formalmente a la misma para justificar su política educativa. Un botón de muestra: en ningún momento se habla en ella de educación afectivo-sexual, tema omnipresente en el currículo español.
Por otro lado, en un país como España donde, en uso de su libertad, el 77% de los padres eligen educación religiosa para sus hijos, no debería extrañar que fuera polémico cualquier intento de imposición gubernamental de una materia cuyos contenidos ignoran a Dios y atentan contra los derechos fundamentales a la educación moral de los hijos conforme a las convicciones propias (art. 27.3 de la Constitución) y a la libertad ideológica (art. 16.1 de la Constitución).
Se dice extravagante el que está fuera del orden o común modo de obrar. Apelando al concepto primario, nuestro Gobierno es, sin duda, extravagante. Y ha eludido su responsabilidad de respetar la neutralidad ideológica que la Constitución y la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos le impone.
Ha fracasado su intento de imponer la anormalidad educativa como norma.
