Las primeras palabras escritas en español que se conservan, si no me equivoco, son relativas a una profesión de fe en el misterio de la Santísima Trinidad. En algunos países a los niños se les enseñan esos primeros pasos de sus respectivas lenguas en forma escrita para que los aprendan de memoria. En España, no. Aquí, lo que hacemos es prohibir la enseñanza en español en muchas partes del país y, ahora, prohibir el crucifijo en las escuelas.
Valga esta pequeña reflexión para señalar que no les falta razón a quienes protestan contra la prohibición del crucifijo en las aulas cuando apelan a la tolerancia, a las raíces cristianas de Europa y de España o al hecho de que la cruz no es sólo un símbolo religioso sino también cultural que no debería ofender a nadie.
He de confesarles, sin embargo, que lo que más me ha irritado de esta liberticida proposición no de le ley aprobada por el PSOE y ERC, es que sus impulsores la enmarquen precisamente en una Ley de Libertad Religiosa y en una jurisprudencia europea que tiene la desfachatez de prohibir el crucifijo como la salvaguarda del "derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones". Será el derecho de esa exigua minoría de padres que consideran que la mera presencia de un crucifijo en una pared impide que sus hijos se eduquen conforme a sus convicciones. Pero, ¿qué hay del resto de padres?
Aquí el único que está violando el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones es el Estado. Es el Estado el que merma en las aulas la libertad religiosa y la libertad de enseñanza al dictaminar qué se debe enseñar y dónde. Es el Estado el que arrebata a los ciudadanos la libertad de elegir el centro educativo para sus hijos sin tener por ello que perder el "derecho" a una "gratuidad" que pagan con sus impuestos. La ausencia –o presencia– de crucifijos en los centros privados no es conflictiva para los padres que pueden elegir. El conflicto lo genera un Estado que, en lugar de financiar directamente a los padres para que ellos elijan el centro de su preferencia, lo que hace es financiar directamente a los centros públicos –o privados concertados– quedando los padres y sus hijos cautivos de los centros que les han asignado. Como dirían los economistas, el Estado subvenciona la oferta educativa, no a la demanda. Y ahí es donde surgen los problemas.
El Estado no debería ni prohibir ni imponer símbolos religiosos en ningún centro educativo. Ya que el Estado no concede bonos escolares a los padres para que éstos elijan el centro de su preferencia, al menos les debería permitir decidir democráticamente en todos los centros escolares que se financian directamente con dinero del contribuyente. Aunque esta última decisión no sea del todo satisfactoria, al menos tendríamos seguridad de que la presencia –o ausencia– del crucifijo viola el derecho de un menor número de padres.
Y es que lo peor de esta intromisión del Estado no es, única y paradójicamente, su desprecio hacia los rasgos mayoritarios que nos definen cultural e históricamente como nación. Es algo mucho más importante: es su deprecio a la libertad individual que nos debería caracterizar a los españoles como ciudadanos.