Todos ganan, España pierde

Mucho tiempo ha transcurrido desde que comenzó a debatirse la sentencia que debía elucidar la constitucionalidad o no, del nuevo estatuto de Cataluña. Concretamente, más de tres años. Por aquel entonces, el Partido Popular creía aún que era posible gobernar en España y, al mismo tiempo, evitar que se dinamitase nuestro ordenamiento constitucional merced a la entrada en vigor de aquella norma conformante del llamado bloque de constitucionalidad.

Ha pasado mucho tiempo, quizá demasiado, desde que los dirigentes del Partido Popular abdicaron de su obligación de defender los postulados de su electorado. ¿Cuándo trocaron sus obligaciones por sus intereses? Ya casi ni me acuerdo. Cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez, pactó con Artur Mas, en una delirante noche de nicotina y otras cosas, la resurrección de un cadáver de Estatut, la puntilla al régimen que salió de la transición pendía amenazante. Fueron más de cuatro millones de españoles quienes estamparon su firma, no para protestar ante semejante oprobio, sino para adherirse al PP en su denuncia del atropello que suponía el nuevo estatuto.

Hay que constatar que los tiempos han cambiado. Hace casi tres años Daniel Sirera, supuesto cabecilla del PP catalán, se manifestó preocupado por una sentencia del constitucional que defendiera la ilegalidad del Estatut. Así, señalaba: "Espero que el Constitucional haga una resolución interpretativa, pero que no nos quedemos sin Estatut. Eso sería un desastre". Me quedé sin saber a qué desastre se refería. Hoy empiezo a esbozarlo. Tres años después de la aprobación del Estatut, seguimos sin tener una sentencia que certifique la claudicación del Estado de Derecho ante la presión política, o por el contrario que nos proporcione un hálito de esperanza.

En el punto en que nos encontramos se acaba de iniciar una ofensiva del PSOE para forzar la renovación del Tribunal Constitucional, concretamente la de aquellos magistrados que ya han acabado su mandato. Zapatero ha dado instrucciones para que se acepten los dos candidatos propuestos por el PP, es decir, Francisco Hernando y Enrique López. Aparentemente, de esta forma se mantendría el equilibrio en el alto tribunal. Prima facie puede parecer una trampa para proceder a su posterior recusación y que las tesis del PP queden en minoría, puesto que ambos ya se han pronunciado en contra del mismo.

Mi intuición me lleva a pensar que la treta del presidente no es tal, sino un juego de escenificación de una estrategia de interés mutuo. Veamos, Rajoy ha asumido que no puede gobernar en España sin el apoyo de los convergentes, es decir, da por perdida la mayoría absoluta. Si quiere pactar con CiU, cree que el tema del Estatut es prácticamente innegociable. De este modo, para Rajoy sería una salida mínimamente airosa quedar en minoría en el TC, que la sentencia deje casi todo como está, poder presentar una justificación ante el sector exigente de su electorado, y de paso dejarse abierta la puerta para negociar con CiU, con el estatuto de Cataluña prácticamente ratificado en su totalidad.

Así, gana el PSOE, porque sus tesis triunfan de forma mayoritaria; gana CiU sin pelear la batalla, como tantas y tantas veces; y gana el PP, que encuentra coartada donde no la tenía. En consecuencia, creo que se trata más de una cuestión de estrategia que de trampa. Quizá mi análisis peque de atribuir a Rajoy un maquiavelismo del que adolece. Si bien, en todo caso, ganan todos y, como siempre, pierde España.