La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el secuestro del atunero vasco Alakrana describe pormenorizadamente cómo el Gobierno de España pagó el rescate que los piratas somalíes pedían por la tripulación, en torno a unos diez millones de dólares. Para los magistrados de la Audiencia, como para la mayoría, no cabe duda alguna sobre este extremo, negado por activa y por pasiva por el Ejecutivo en un empeño digno de causas algo más verosímiles.
"Llegó a Nairobi un tal Pepe –se puede leer en el texto judicial–, persona de unos 45 años de edad, de aspecto español, buen conversador, que aparentaba tener soltura en estas cuestiones" y que comenzó a tener conversaciones "telefónicas" con los piratas. Según el tribunal, Pepe le hizo ver a los piratas la imposibilidad de que dos de ellos (los condenados ayer a más de 400 años) fueran puestos en libertad una vez que ya habían sido capturados por la fragata Canarias –coordinada por la OTAN– por lo que "las negociaciones se centraron en el aspecto económico". Que después de esto la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, sostenga que el Gobierno no ha pagado revela, como mínimo, el desprecio más absoluto del Ejecutivo por las sentencias judiciales que tanto dice respetar. El silencio ante una descripción como la que se infiere del relato de las andanzas de Pepe, nuestro hombre en Nairobi, hubiera sido más decoroso para una ministra que demuestra desconocer los protocolos de un cargo como el suyo. Pero como negar la mayor tiene un coste cero para el Gobierno, adelante con los faroles.
Sin embargo, esta actitud del Gobierno español, que por desgracia ha conseguido ya el mayor de los descréditos en el plano internacional, contrasta con los procedimientos al uso en las democracias occidentales, cuya prioridad no pasa por tener pepes que paguen la cuenta a los terroristas sino por darles caza con todos los medios posibles a su alcance, cueste lo que cueste y se tarde lo que se tarde. Tal vez por eso, el actual Ejecutivo puede lucir el mérito ante Chávez, Morales, los Castro y el resto de sus referentes, de ser un socio poco fiable y menos recomendable aún cuando se trata de la coordinación internacional frente al terrorismo. Mientras el mundo civilizado celebra la muerte de Ben Laden e incluso el PSOE trata de subirse al carro del éxito estadounidense, sentencias como la de la Audiencia Nacional muestran la verdadera cara de la diplomacia española, el verdadero sesgo de su presencia en el mundo y de su contribución a la lucha contra el terrorismo y la delincuencia internacional. "Llegó a Nairobi un tal Pepe..."