El 17 de junio Mohamed VI se dirigía al pueblo marroquí para explicarle que con la nueva Constitución –que será aprobada en referéndum el 1 de julio, y nadie pone en duda que lo será– da cumplimiento a las promesas hechas el 9 de marzo en un discurso anterior. Con ello la Monarquía –y sus muchos y muy influyentes valedores internacionales– dan por hecho que el país magrebí supera los riesgos de que las revueltas árabes se extiendan a su suelo, pero tan voluntarista evaluación debe de ser cuestionada, aquí en términos de análisis. No hacerlo sería una gran irresponsabilidad, y los españoles, vecinos inmediatos de Marruecos por tierra y por mar, no podemos permitírnoslo.
Algunos analistas, marroquíes y no marroquíes, se esfuerzan ahora por narrar en términos idílicos la transición marroquí a la democracia, desde las elecciones de marzo de 1998 –que llevaron a los socialistas al poder en coalición con otros partidos, y ello aún en vida de Hassán II– hasta las convocatorias electorales de la década pasada, llegando al Movimiento 20 de Febrero y a su carácter pacífico. Aunque hay algo de cierto en todo ello, sobre todo si hacemos una aproximación sesgada a la realidad, la década pasada y hasta hoy podemos inventariar ataques terroristas (desde Casablanca en mayo de 2003 hasta Marrakech hace unas semanas, pasando por otros actos o intentos frustrados de los radicales) así como un preocupante ascenso, político y social, de los islamistas. Político, del Partido para la Justicia y el Desarrollo (PJD), legal y presente en el Parlamento, y social (pero también político) del ilegal pero tolerado Al Adl Wal Ihassane, Justicia y Caridad. Si este entra en la legalidad, siguiendo la estela de los Hermanos Musulmanes en Egipto o de En Nahdha en Túnez en pleno ensimismamiento de las revueltas árabes, la seguridad de Marruecos quedará en entredicho.
En la nueva Constitución el Rey no ha perdido del todo, como muchos se han apresurado a afirmar, su carácter sagrado pues sigue autoconsiderándose descendiente directo del Profeta, algo que pesa en una sociedad musulmana. Sigue siendo "Comendador de los Creyentes" y líder religioso de la comunidad musulmana marroquí, desde ahora presidiendo el Consejo Superior de los Ulemas que entra en la nueva Constitución, y esto, unido al hecho de que la supuesta separación de poderes ahora institucionalizada tampoco es del todo real –Mohamed VI presidirá el Consejo Supremo de Jueces–, será cuestionado por los islamistas. Estos seguirán criticando cualquier resto de intento de legitimar religiosamente la Monarquía, criticarán como suelen la legitimidad del Parlamento para legislar y aprovecharán la coyuntura interna (corrupción extendida e intentos de liberalizar costumbres) e internacional (guerras en Libia o en Afganistán y frustraciones perennes en Oriente Próximo) para tener visibilidad en las calles como vienen haciendo en los últimos años.
Finalmente, y aunque Marruecos es según la nueva Constitución un Estado musulmán en el que no hay, por supuesto, libertad de conciencia, la libertad de culto reconocida a las comunidades no musulmanas será considerada por los islamistas –ya lo está siendo– como una amenaza para el islam.